Del tricornio a político imputado

Desde que el consejero de Turismo Antonio Ortega desveló que Antonio Prats Rivero (Sanlúcar de Barrameda, 1955) sustituiría en la Delegación de de Cádiz a Maribel Peinado -que ha abandonado el cargo para centrarse en su candidatura por el PA a la alcaldía de Puerto Real-, han surgido más recelos que simpatías. Y es que la trayectoria profesional y pública de Prats no deja indiferente.

Su primera actividad laboral fue en el hotel Guadalquivir a mediados de la década de los setenta, aunque poco después emigra a Barcelona, donde ingresa en la Guardia Civil en 1978. Años más tarde regresa a Sanlúcar destinado al puerto pesquero de Bonanza. Compagina su trabajo con el cargo de presidente de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos Guadalquivir. "Es que muere por un puesto. Siempre le gustó figurar y estar presente en todo", afirma un adversario político que se niega a que se publique su nombre.

Pide la excedencia como agente tras las elecciones municipales de 1995, cuando es designado segundo teniente de alcalde y delegado de Obras y Servicios, Vivienda y Medio Ambiente del Ayuntamiento sanluqueño. En ese mandato gobernó en coalición con el PSOE. Desde que adquiere responsabilidad política, protagoniza duros enfrentamientos con históricos dirigentes andalucistas. Uno de ellos, con Pedro Pacheco, lo que le procuró muchas enemistades en el PA. "Muchos militantes que comulgábamos con él nos despegamos y ocupamos posiciones frontalmente opuestas", explica un antiguo compañero de Prats.

Pronto adquiere mala imagen. Pero resultó de nuevo elegido por el PA. Tras el conocido caso Sanlúcar, por el que el alcalde socialista Agustín Cuevas dimitió ante las acusaciones de un supuesto intento de soborno, Prats no dudó en pactar con el PP.

Su etapa de gobierno con el alcalde popular Juan Rodríguez ha estado plagada de incidentes que le llevaron a romper el pacto por dos veces y a intercambiar querellas y denuncias con los populares. El más grave enfrentamiento con el primer edil, durante una huelga de las limpiadoras municipales, acabó en los tribunales. El titular del Juzgado número 3 de Sanlúcar le ha imputado por atentado contra la autoridad en la persona del alcalde. Diversas fuentes confirman que el PP ha presentado un vídeo en el que se observa cómo Prats intenta propinar un golpe a Juan Rodríguez. Tanto el consejero Ortega como su delegado Prats niegan que esas imágenes demuestren cualquier agresión.

La acción judicial contra Prats se completa con la investigación que desarrolla la Fiscalía del Tribunal del Cuentas del Estado sobre su gestión como concejal de Urbanismo en los últimos años.

Según Julia Hidalgo, portavoz de IU en Sanlúcar, las "irregularidades" que ha detectado la Cámara de Cuentas están referidas a contrataciones ilegales, falseo de datos y supuestas condonaciones de deudas contraídas por los particulares con el Ayuntamiento.

Sonadas fueron también dos denuncias que le salpicaron directamente. El propietario de la empresa Parquigrán, dedicada a la construcción y explotación de aparcamientos subterráneos, José Pizarro, denunció que "un intermediario" le requirió el pago de una cantidad de 180.000 euros como condición previa para la adjudicación de un aparcamiento en la avenida de la Calzada. Prats negó también que desarrollase obras, supuestamente sin licencia, en una vivienda de su propiedad.

Con estos precedentes, Prats llega a una Delegación sobre la que recae la principal actividad económica gaditana: el turismo. Sus primeras manifestaciones sobre los objetivos como delegado pueden despertar nuevas polémicas. "La provincia de Cádiz es un paraíso por descubrir que tenemos que explotar desde Algeciras hasta Sanlúcar, donde hay muchas playas vírgenes", afirmó.