La justicia en Madrid, un panorama desolador

A principios de este año ha culminado el proceso de transferencias en materia de justicia, de forma que la Comunidad Autónoma de Madrid se ha hecho cargo de las competencias que en Madrid correspondían con anterioridad al Ministerio de Justicia.

Este hecho, y la proximidad de las elecciones en las que el Gobierno autónomo que resulte elegido comenzará desde el inicio de su mandato a responsabilizarse de todas las competencias en materia de Administración de justicia, aconsejan abrir un gran debate sobre la situación de la justicia en nuestra Comunidad, su realidad actual y los posibles proyectos de transformación.

Esta necesidad es evidente porque el desarrollo de nuestra Comunidad está sin duda ligado a un funcionamiento eficiente de la Administración de justicia. Es evidente que un funcionamiento ágil y eficaz de la justicia propicia una mayor confianza en las relaciones económicas; y la mejor receta para combatir la inseguridad ciudadana no pasa tanto por las grandes reformas legislativas como por la aplicación rápida de la norma penal vigente.

Es impensable una sociedad moderna con una justicia vetusta, porque en este caso la justicia se convierte en un lastre para el desarrollo económico, para la seguridad de los ciudadanos y para el ejercicio por éstos de sus derechos.

Pues bien, la situación de la justicia en Madrid resulta cuanto menos altamente preocupante.

Tomando los datos de la Memoria del Tribunal Superior de Justicia referidos a 31 de diciembre del año 2001, últimos disponibles, la plantilla de jueces y magistrados que ejercen en Madrid y en la Comunidad es absolutamente insuficiente para atender una litigiosidad en permanente crecimiento, lo que ha dado lugar a centenares de miles de asuntos pendientes. Así la Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene 51.057 asuntos pendientes, las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Madrid 22.130, los juzgados de Primera Instancia 52.269 y los de Instrucción 46.218, por citar sólo aquellos órganos y tribunales en los que el retraso es más relevante.

Especialmente preocupante es la situación de la jurisdicción penal y de familia. En el primer caso, cada uno de los 46 juzgados de Instrucción de la capital debió atender a 11.323 asuntos en el año 2001, cuando el número de asuntos máximo que considera adecuado el Consejo General del Poder Judicial es en torno a los 6.000 y los juzgados de Familia superan en mucho las recomendaciones máximas de este Consejo.

La acumulación de asuntos pendientes en el Tribunal Superior de Justicia y en la Audiencia Provincial, pese a la existencia de planes específicos de apoyo, contribuye a prolongar excesivamente los litigios de forma que la firmeza de las resoluciones no se produce, particularmente en la jurisdicción civil y en la contencioso-administrativa, sino transcurridos varios años desde el inicio de los procedimientos. En la jurisdicción penal, los juicios de jurado deben retrasarse casi un año por falta de salas para celebrarlos.

A ello hay que añadir unas deficientísimas instalaciones dispersas, en el caso de la capital, en 16 distintas sedes judiciales, muchas de ellas vetustas, sucias y sin las adecuadas condiciones para la prestación de un servicio público de calidad. No hay un sistema informático adecuado que conecte e interrelacione los distintos órganos jurisdiccionales y a éstos con los usuarios, como tampoco hay programas adecuados para la gestión y tramitación de los asuntos.

La solución de estos graves problemas se ha diferido a la construcción de la tantas veces prometida Ciudad de la Justicia. Pero lo cierto es que los proyectos sobre la misma han ido aplazándose sucesivamente. Abandonada la idea de edificarla en los terrenos del Canal frente a la plaza de Castilla, o en las antiguas cocheras del metro, su construcción parece que se vincula al proyecto denominado Operación Chamartín. Pero, con independencia del temor a que ese proyecto, como los anteriores, fracase, se desconoce por completo cuándo se iniciarán las obras y cuándo la ciudad de Madrid podrá disponer de esa sede judicial moderna tantos años reclamada; y tampoco se sabe qué sucederá hasta que finalmente esté construida.

Si la situación de la justicia en la capital no es buena, la de los otros partidos judiciales de la Comunidad de Madrid es todavía peor. De los 19 partidos judiciales en los que se divide la región de Madrid, 18 superan en materia penal el máximo de 2.500 asuntos que el Consejo General del Poder Judicial considera recomendables. Particularmente grave es la situación de Majadahonda, con 4.804 asuntos en cada uno de los juzgados (el doble de lo aconsejable). En otros 10 partidos judiciales, sus juzgados superan en más de mil causas el límite máximo aconsejable, como es el caso de Alcalá de Henares, Alcobendas, Fuenlabrada o Navalcarnero, por citar algunos de ellos. En materia civil, Majadahonda, Navalcarnero o Torrejón de Ardoz superan también los módulos máximos previstos. No es extraño por ello que en algunos partidos judiciales un juicio que debería celebrarse rápidamente, como es un desahucio por falta de pago, tarde en celebrarse casi un año.

En cuanto a las instalaciones judiciales, son profundamente deficitarias en varios partidos judiciales como Arganda, aunque es verdad que se encuentran en construcción varias sedes judiciales (Parla, Fuenlabrada) que contribuirán a mejorar el servicio.

En este marco es en el que va a entrar en vigor la nueva Ley de Juicios Rápidos, que no ha venido acompañada hasta la fecha por la creación de nuevos juzgados. Por muchas ventajas que pueda ofrecer la ley, es imposible que produzca los beneficios queridos si no va acompañada de una generosa dotación presupuestaria para llevarla a cabo.

Sería deseable que quienes se proponen gobernar la Comunidad de Madrid fuesen conscientes del estado de nuestra justicia, y que adquiriesen los compromisos necesarios para ponerla en la situación que requiere una sociedad moderna y desarrollada.

Javier Martínez Lázaro es vocal territorial de Madrid del Consejo General del Poder Judicial.