Alberto Fabra se reunió con Calviga antes de adjudicarle el solar de Renfe

Representantes de la empresa Calviga, del grupo Lubasa, se reunieron con el concejal de Urbanismo de Castellón, Alberto Fabra, antes de que la firma resultase beneficiada con la adjudicación del solar de Renfe que quedó libre tras el soterramiento de las vías. Tanto el alcalde de la ciudad, José Luis Gimeno, como el gerente de la empresa, Alberto Oller, negaron que se hubiese celebrado un encuentro en sus declaraciones ante el juez que instruye el caso por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón, Alberto Fabra, admitió ayer ante el juez la celebración de una reunión con miembros de Calviga, filial de Lubasa, antes de que se modificara el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que delimitó la zona sobre la que la empresa presentó, posteriormente, una propuesta de desarrollo. Una reunión que tanto el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, como el gerente de Calviga, Alberto Oller, negaron en sus declaraciones por la misma causa, según han asegurado diversas fuentes.

Fabra declaró ante el titular del juzgado de Instrucción número 1, el decano Horacio Badenes, que instruye el caso, tras la querella presentada por los concejales del Grupo Socialista municipal por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público. La querella señalaba al alcalde de Castellón, al propio Fabra y a un tercer concejal, José Pascual, así como al máximo responsable de Calviga, Luis Batalla, cuatro funcionarios y la Caja Rural Castellón, como responsables de las presuntas irregularidades en la operación urbanística que acabó con la adjudicación, a la empresa de Batalla, del desarrollo de los terrenos liberados tras el soterramiento de la vía férrea. El contrato dejó en manos de Batalla, a cambio de la urbanización de la zona, un solar sobre el que, según se ha anunciado, se ubicará El Corte Inglés.

Alberto Fabra reconoció que, durante 1999, se celebró una reunión a la que asistieron miembros de Calviga, así como de Renfe (propietaria en aquel momento del suelo) y dos representantes de El Corte Inglés. El edil popular señaló que ésta fue una reunión "informativa" y en la que no se adoptó ningún compromiso. Además, se apresuró a indicar que acudió a la reunión "asesorado" y señaló la presencia de tres funcionarios durante la misma.

Esta reunión se celebró, según dijo el concejal de Urbanismo, porque la empresa ya había mostrado interés por la zona y se quería "trasladar el deseo del Ayuntamiento de renegociar el convenio con Renfe" y modificar las características de urbanización del suelo. Sin embargo, esos "deseos" del Ayuntamiento no fueron plasmados en la revisión del PGOU que se aprobó en 2000, según explicó Alberto Fabra, porque "habría retrasado su aprobación", lo que llevó a la aprobación de una modificación en 2001, cuya publicación fue posterior a la presentación de la propuesta de Batalla para urbanizar la zona. Así, en el momento de la reunión, no se había aprobado la revisión del PGOU y el suelo sobre el que, según Fabra, Batalla había mostrado interés era dotacional y de uso exclusivo de Renfe. "Fue una toma de contacto y, a partir de ahí, no se ha celebrado ninguna otra", aseveró el edil.

Alberto Fabra acudió al juzgado asistido por Vicente Falomir, el mismo letrado que asiste al alcalde, José Luis Gimeno, y que, en varias ocasiones, ha llevado casos de Renfe tanto en la capital de La Plana como en el resto de la provincia.