La vieja Europa está de Convención

Como cualquier lector conoce o al menos quienes están interesados en los temas europeos, en estos momentos está celebrándose una Convención Europea cuyo objetivo fundamental consiste en formular nuevas propuestas de reforma de las instituciones comunitarias. Es cierto que la estructura institucional de la Unión Europea había sido objeto de modificaciones desde el momento fundacional, modificaciones que resultaban fundamentales para responder a las sucesivas ampliaciones territoriales, o bien a la profundización de las políticas comunitarias, pero lo esencial de esa estructura permanecía inalterado. Obviamente el modelo parecía completamente agotado, como es lógico si se tienen en cuenta diversas circunstancias, y particularmente que un modelo pensado para seis países miembros resulta totalmente insuficiente para una Comunidad de veinticinco países. Parte de esa actualización tuvo que haberse resuelto en diciembre de 2000, pero la reunión del Consejo Europeo que aprobó el Tratado de Niza constituyó un rotundo fracaso, y solamente se hicieron las reparaciones imprescindibles para poder proceder a recibir a los nuevos países miembros. Pero lo allí acordado era insuficiente, y nadie llegó a creerse que esos mínimos retoques permitieran que la Unión Europea funcionara adecuadamente con diez (o doce) nuevos miembros.

Por ello, era necesario una nueva profundización en la reformas, y así, un año más tarde, se aprobó convocar una Convención encargada de elaborar propuestas. Que quede claro que el denominado "método convención" no sustituye a la Conferencia Intergubernamental, que en definitiva es la encargada de aprobar la reforma de los Tratados, que posteriormente ha de ser ratificada por los Parlamentos en los Estados miembros, pero permite una amplia participación de la sociedad europea en temas tan trascendentales como el futuro de la Unión. Y aunque, en definitiva, la Convención solamente vaya a realizar propuestas que pueden o no ser aprobadas por los Estados, la incidencia que está teniendo en la opinión pública europea es considerablemente mayor de la que puedan tener foros, como el Consejo Europeo o la Conferencia Intergubernamental, en los que, por propia definición, impera el secretismo.

Es cierto que cualquier lector puede conocer esos datos, e incluso puede estar al corriente de cuanto en la Convención se está debatiendo. Si tal es cierto, no es menos cierto que si ese mismo lector acostumbra a recibir información de TVE, o alguna de las otras cadenas gubernamentales, puede llegar a estar convencido que esa Convención ha sido convocada a la mayor gloria del Gobierno español, y con el casi exclusivo fin de entronizar a Aznar en el escenario europeo. Y de eso, nada de nada.

Si analizamos cuanto está ocurriendo en la Convención Europea, todo conduce a ratificar la impresión de la pérdida de peso de España en la Unión Europea, que viene siendo una constante con los Gobiernos del PP. Es cierto que la recia raigambre castellana de nuestro Presidente del Gobierno le pueden convertir en un negociador rocoso en ciertas ocasiones, pero es igualmente cierto que esas mismas características crean una imagen -por otra parte cien por cien cierta- de falta de flexibilidad. O bien que la alargada sombra de su antecesor parece pesarle tanto, que no le permite aceptar extremos que le hagan presentarse ante la opinión pública como un defensor de los intereses españoles menos hábil que Felipe González, lo cual siempre implica que aparezca maniatado a la hora de negociar.

Si el peso de un país, de un gobierno o de una organización política ha de medirse por la cantidad y calidad de las aportaciones realizadas a la Convención, Aznar, el Gobierno español y el Partido Popular están quedando a la altura del betún. Vaya por delante que las aportaciones a la Convención pueden venir de múltiples cauces, no solamente de sus miembros, pero existe un acentuado desequilibrio entre las propuestas del PSOE y los socialistas españoles, por una parte, y las que proceden del PP y los populares españoles, incluyendo entre estas últimas a las que proceden del Gobierno español. Frente a las múltiples propuestas socialistas, de entre las de los populares españoles solamente puede contabilizarse una del Gobieno español, por cierto, compartida con los Gobiernos estonio y británico (¿qué habrá encontrado Blair en Aznar?).

De forma coherente con su posición en política europea, la postura de Aznar en la Convención ha sido marcadamente defensiva. No hace mucho me contaba un responsable europeo que Aznar le había manifestado que no estaba dispuesto a vaciar de competencias al Estado, sea por arriba (la Unión Europea) sea por abajo (las Comunidades Autónomas), y esa manifestación parece haber inspirado su actuación en la Convención, aunque sea al precio de frenar el proceso de construcción europea, o bien de degollar el debate existente en los países europeos más descentralizados -entre ellos, España-, sobre la participación de las regiones en las decisiones europeas. En este último punto, por cierto, no puedo evitar la risa cuando comparo las posturas que en su día adoptó Zaplana -cuando iba de líder del Comité de las Regiones-, posturas que iban muy lejos en favor de la participación de las regiones, con la postura del PP español, que rezuma centralismo por los cuatro costados.

Y en cuanto a las propuestas escritas, la única formulada por el Gobierno español, además compartida, consiste en flexibilizar el mercado de trabajo, para acercarse al modelo laboral norte-americano. Nunca he participado de la fiebre anti-USA, pero de ahí al seguidismo que el Gobierno español hace de la política exterior americana, en temas tales como la política belicista de Bush, o bien en desarticular cosas de las que hemos de sentirnos tan orgullosos como el estado del bienestar o el modelo social europeo, media un gran trecho. Porque soy de la vieja Europa, y estoy orgulloso de ello.

Luis Berenguer es eurodiputado socialista.