La Generalitat traslada a los municipios la decisión sobre el Doctor Music

La Generalitat decidió ayer lavarse las manos en la polémica abierta en la Garrotxa por el precipitado anuncio del Doctor Music Festival. Los promotores prevén ocupar unos terrenos del Pla de Tapioles -entre Argelaguer y Tortellà-, durante los días 25, 26 y 27 de julio. Después de dar casi por descartado el festival el viernes, ante la supuesta oposición de "todo el territorio", ayer el delegado de la Generalitat en Girona, Carles Llorens, mantuvo que el festival podría ser autorizado si los promotores consiguen los permisos municipales.

Los propietarios que se oponen a la celebración del Doctor Music Festival en el Pla de Tapioles reclamaron ayer al delegado un pronunciamiento tajante contra el festival, cosa que no obtuvieron. El consistorio de Argelaguer, cuyo alcalde firmó hace meses una carta de apoyo al festival, está a la expectativa ante la evolución de la protesta popular. Los propietarios dispuestos a alquilar sus terrenos se encuentran en su término municipal.

El promotor del concierto, Neo Sala, aseguraba ayer que espera a que se calmen los ánimos para acudir a explicar a los vecinos los pormenores y las ventajas que puede reportarles el festival. De momento, disponen de terrenos suficientes en Argelaguer, y no descartan que puedan sumar a éstos los de otros propietarios. Sala se muestra sorprendido por la forma tan "radical y agresiva" con la que algunos propietarios de terrenos de la zona se oponen al festival. El promotor asegura que quienes hablan de daños ambientales y ecológicos actúan "con demagogia". Recuerda que en Escalarre todo el mundo quedó satisfecho y no les pueden achacar el menor daño al territorio. "En países avanzados como Alemania, Dinamarca o Suecia se llevan a cabo sin problemas muchos de estos festivales", reiteró.

El grupo de propietarios rurales que se oponen a la celebración del Doctor Music Festival en el Pla de Tapioles se constituirá en breve en asociación para velar por asuntos medioambientales y no descarta, incluso, presentarse a las elecciones municipales de los pueblos de la zona. Ricard Camó, líder de la oposición al macrofestival, asegura que en el grupo hay gente de ideas enfrentadas, "desde franquistas hasta la extrema izquierda". Según Camó, la idea de concurrir a las elecciones no debe levantar suspicacias respecto a sus verdaderas intenciones. Entre otros temas, este grupo de propietarios critica la ubicación de la perrera, las extracciones de la cantera de Tortellà y reclama un mayor control sobre el campo de aterrizaje de ultraligeros.

La polémica ya ha llegado al Parlament. El grupo del PSC se declaró ayer partidario del festival, siempre que los vecinos acaben aceptándolo, se controle el impacto ambiental y se disponga de un seguro que garantice el retorno al estado natural del paraje. El grupo socialista reclamó también ayer al Ejecutivo catalán que se defina y explique si piensa realizar gestiones para conseguir un acuerdo vecinal. En una nota difundida por la Delegación Territorial de la Generalitat se recordaba que la empresa promotora "no ha iniciado ningún procedimiento administrativo para la celebración del festival, en base al cual la Generalitat se deba pronunciar". Carles Llorens añadió ayer que en ningún caso piensa mediar en el conflicto. A título personal, sí admitió que el festival era una buena oportunidad para promocionar el territorio.

Por su parte, el diputado de ICV Joan Boada considera que sería "un error" permitir el festival por el "impacto ecológico, económico y social negativo" que supondría para la zona.