Trabajo sanciona con 65.000 euros por falta muy grave a una empresa en la que murieron dos trabajadores

Mano dura a los accidentes laborales. La Inspección de Trabajo ha impuesto una sanción de 65.000 euros, una de las más elevadas, a la empresa del sector químico Cray Valley Ibérica, ubicada en el polígono industrial Can Maragola de Mollet del Vallès, a raíz de un accidente laboral que tuvo lugar el pasado verano en esta fábrica y en el que fallecieron dos trabajadores, Ramon Albert G. G. y Francisco P. G., ambos de 41 años. El acta de la Inspección de Trabajo resuelve que la empresa, dedicada a la fabricación de resinas sintéticas, no adoptó las medidas adecuadas de seguridad y salud laboral y tipifica esta infracción como muy grave.

El accidente se produjo el 31 de agosto del año pasado al incendiarse y explotar un bidón de resina acrílica que los trabajadores fallecidos estaban llenando. Ramon Albert G. G. y Francisco P. G., que sufrieron quemaduras en el 90% del cuerpo, murieron un día después en la unidad de grandes quemados del hospital de Vall d'Hebron de Barcelona. Otros dos trabajadores se vieron afectados por este accidente: uno de ellos sufrió quemaduras leves y otro resultó intoxicado leve por inhalación de humos.

El acta de la Inspección de Trabajo, fechada el 29 de noviembre de 2002 y que ayer dio a conocer el sindicato USOC, destaca que la temperatura de la resina que los empleados manejaban era de 100ºC, cuando la temperatura de inflamación de esta sustancia es de tan sólo 42ºC. El inspector que firma el acta, Salvador Álvarez Vega, añade también que la resina con la que trabajaban los fallecidos es fácilmente inflamable en contacto con el oxígeno y advierte de irregularidades en el procedimiento que se llevaba a cabo en la empresa para vaciar primero el bidón de aire para luego llenarlo de resina. Ya en enero del año pasado se produjo un accidente similar en esta empresa, que no causó heridos, según consta en el acta.

El inspector Álvarez Vega concluye que el accidente que provocó la muerte de Ramón Albert G. G. y Francisco P. G. se produjo por la "existenica de un riesgo de incendio y explosión en el trasvase de líquidos inflamables sin que se hubieran adoptado por la empresa las medidas preventivas necesarias y adecuadas que lo hubieran podido evitar".

La imposición de esta multa de 65.000 euros se produce ante una escalada de accidentes laborales mortales que ha alcanzdo un índice de siniestralidad notablemente superior al de años anteriores. De enero a noviembre de 2002 -el Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo no dispone todavía de los datos correspondientes al mes de diciembre- murieron en el puesto de trabajo un total de 173 personas, lo que representa un incremento del 16,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este aumento del número de empleados muertos en accidentes laborales se ha producido en términos similares y de forma imparable desde el pasado verano, calificado de "negro" por los sindicatos ante el incesante goteo de muertes en el trabajo.