El Poder Judicial abre la vía para suspender a la juez que benefició a Conde

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial decidió ayer por unanimidad iniciar los trámites de suspensión en el ejercicio de sus funciones a la juez de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Madrid, María del Prado Torrecilla, acusada de haber presionado al director de la cárcel de Alcalá-Meco y otros dos jueces para tratar de que fuera concedido el tercer grado penitenciario al ex banquero Mario Conde, lo que le habría permitido acceder a la semilibertad.

Al mismo tiempo, la Comisión Disciplinaria acordó continuar el expediente disciplinario que la juez tiene abierto por los motivos citados y en el que el instructor -el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Eduardo Calvo- ha propuesto la suspensión de la juez por tres años, su traslado forzoso o la separación definitiva de la carrera judicial.

El magistrado considera en el pliego de cargos que María del Prado Torrecilla es autora de dos faltas muy graves previstas en el artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La primera, por "la intromisión, dando órdenes o ejerciendo presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado". La segunda, por "el abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales".

Suspensión cautelar

La Comisión Disciplinaria no ha decidido de forma inmediata la suspensión de la juez, debido a que el instructor no se había pronunciado todavía sobre la medida cautelar citada y tampoco había recabado la opinión del fiscal y la propia interesada sobre ese extremo. Se trata de dos requisitos inprescindibles antes de adoptar resolución alguna al respecto.

Por tanto, la Comisión Disciplinaria ha acordado requerir al instructor del expediente para que dé audiencia al fiscal y a la juez investigada sobre ese punto concreto en un plazo de cinco días. Ello permitirá que la Comisión Disciplinaria pueda estudiar y en su caso acordar la suspensión provisional de la juez por un plazo máximo de seis meses en su reunión del próximo día 15 de enero.

Respecto a la continuación del expediente, la Comisión Disciplinaria ha dado un plazo de ocho días al fiscal y a la juez Del Prado Torrecilla para que formulen alegaciones o pliego de descargo sobre las dos faltas muy graves. Una vez concluido el expediente, la Comisión Disciplinaria tendrá previsiblemente que elevar el caso al pleno del Consejo del Poder Judicial, único órgano competente para sancionar las faltas muy graves.