Mayor Oreja

Jaime Mayor no va a ser candidato a Lehendakari en las próximas elecciones autonómicas de Euskadi y el anuncio no tiene nada que ver con la carrera para la sucesión de Aznar.

Si no fuera porque se le señala como el artífice de la línea dura que el propio Aznar asumió en el contencioso nacional vasco y que su estrategia de confrontación con el PNV le valió una contundente derrota política al tiempo que propiciaba la del PSE, diríamos que las palabras del antiguo Ministro del Interior responden a ese orden de propósitos melifluos a que la Noche Vieja anima. Pero evidentemente eso no es así.

Mayor era visto en la derecha como el protomártir de la causa española de la libertad que abandonaba la relativa comodidad de su puesto ministerial para emplearse en la ardua tarea de la reconquista, pero la radicalidad de su discurso (que consiguió el alineamiento de buena parte de la dirección del PSE) y el consiguiente reforzamiento del PNV como consecuencia de la polarización constitucionalistas/nacionalistas auspiciada por el tándem PP-PSE le alejaban de la sucesión: un general derrotado no puede ser César.

Cuando la ausencia de varios diputados en el Parlamento Vasco, entre ellos el propio Mayor, permitió que el tripartito gobernante PNV-EA-EB sacase adelante la Ley de Presupuestos por un voto, a las primeras palabras del líder del PP acusando a estos tres partidos de hacer trampa (sus portavoces renunciaron a los turnos de intervención, acortando así el tiempo entre el inicio de la sesión y la votación de los presupuestos, al saber que Mayor estaba de camino de Madrid a Vitoria), siguieron algunas sugerencias para que ni se le pasase por la cabeza la idea de dimitir. El propio Aznar declaró, en palabras que han pasado desapercibidas, que Mayor no podía abandonar a su suerte a los concejales y diputados del PP en Euskadi.

El error de Mayor, de quien de todas maneras se dice que no suele llegar nunca puntual al Parlamento, ha permitido que se aprueben unos presupuestos donde hasta 232 millones de euros van a emplearse en partidas anunciadas por Ibarretxe en su plan (incluido el establecimiento de oficinas exteriores del Gobierno Vasco en Madrid, Argentina, Venezuela, México y Chile), o en el ejercicio de competencias que en la actualidad no tiene atribuidas (por ejemplo, empleo); pero con ser esto grave para la posición del PP, no deja de ser paradójico que la aprobación de los presupuestos deje al Lehendakari sin razones institucionales para disolver el Parlamento (la prórroga de los actuales suponía un evidente deterioro de la normalidad institucional y hubiera coadyuvado a una salida de ese tipo) y hacer coincidir unas elecciones anticipadas al Parlamento vasco con las municipales previstas por ley para el último domingo de mayo del 2003 en todos los municipios del Estado, y someter mediante la doble consulta a la consideración del pueblo vasco (sin un referéndum formal) las líneas maestras de su plan.

Cuando la política española se mece en simplezas como el vodevil que entre Gobierno y oposición escenifican a propósito de la marea negra en Galicia o el despropósito del restablecimiento triunfal de la cadena perpetua para ciertos delitos como regalo para la conmemoración del XXV aniversario de la Constitución, no dejaría de ser un detalle de finezza que la ausencia de Mayor hubiera tenido un sentido de razón de Estado, es decir, evitarle al PP otro referéndum apócrifo.