El juicio de Olot muestra el lado más rocambolesco de la investigación

Una llamada anónima con una pista sin ningún fundamento demoró más de un año la investigación judicial del secuestro de Maria Àngels Feliu. Esta dilación agotó el tiempo de prisión preventiva de los secuestradores confesos y propició su excarcelamiento. Tras la sesión de ayer del juicio, en la que declararon peculiares trabajadores el mundo detectivesco y el perito caligráfico que aportó la pista dilatoria, el abogado de Feliu, Carles Monguilod, consideró lamentable que la instrucción judicial elevara a la categoría de prueba lo que nunca debió pasar de anécdota y aseguró que estos errores judiciales causaron un enorme perjuicio a la familia Feliu.

La declaración del perito caligráfico Francisco Viñals, que coincidió con Xavier Bassa, uno de los primeros detenidos en el caso, en una agencia de detectives, fue la más tensa. El abogado de Feliu le acusó de tener un gran interés en intervenir en la causa y de utilizar argucias para confundir a la investigación. En lugar de explicar a la policía lisa y llanamente la supuesta llamada anónima que recibió, Viñals escribió un documento que parecía proceder del Estado Mayor del Ejército, con un sello de confidencial impreso por el propio declarante.

En este documento Viñals "transcribió", según dijo ayer, por "obligación moral", una pista que le resultaba verosímil porque procedía de alguien que le ayudó a resolver otro caso. Esta pista, que demostró no tener ningún fundamento, se refería al supuesto pago del rescate por parte de la familia Feliu en Andorra. A raíz de ella se investigaron todas las cuentas de la familia. Viñals explicó que en el documento constaba el Estado Mayor porque lo envió también al Ejército por ser un "agregado de la Guardia Civil". El testigo explicó que la juez del caso le pidió hacer "un llamamiento a criminólogos y allegados" para ayudar a la policía a resolver el secuestro.

Despecho

Manel Mir, letrado de Xavier Bassa, se mofó de Viñals y le presionó para que reconociera que su supuesto confidente le había engañado. La tensión se elevó al máximo cuando el abogado le recordó que en una de sus declaraciones anteriores afirmó que tenía "la convicción personal" de que Bassa había escrito el sobre que contenía una grabación de la secuestrada. Viñals dejó claro ayer que jamás examinó ese sobre y que su "convicción" procedía de la "extrañeza" y el "enfado" que le causó que Bassa no recurriera a él para emitir un dictamen caligráfico con el que contrarrestar los de la policía. Viñals recordó que era el presidente de la Asociación Profesional de Peritos Caligráficos de Cataluña.

Jaime Vicens, un ex compañero de Bassa en la agencia de detectives, explicó que Ramon Ullastre, propietario de la casa donde estaba ubicado el zulo de Maria Àngels Feliu, les propuso buscar "trapos sucios" al alcalde de su pueblo para que así le concediera ciertos permisos. La empresa, en la que ya no trabajaba Bassa, se negó a ejecutar ese encargo.

Esta leve relación entre Bassa y los secuestradores confesos de la farmacéutica de Olot se complementó ayer en el juicio con otra de parecida inconsistencia. Guillermo Conde, otro ex colega de Bassa, vigiló en fechas próximas al secuestro una empresa cercana a la casa de Ullastre. El abogado que le hizo el encargo se había ocupado de algunos asuntos de Ullastre. Conde estaba entre el público el día en que la policía entró en la vivienda del zulo, según dijo para "cotillear" y "por morbo". Conde se desmayó en un bar cuando vio que habían detenido a Bassa por el secuestro. Ayer el fiscal le preguntó si recordaba, cuando volvió en sí, haber dicho algo parecido a "estar relacionado con un asesinato". Conde dijo que no recordaba "esos pequeños detalles".

El juicio continuará el 8 de enero con las declaraciones de los investigadores.