Sanz pide al Gobierno central que recurra ante el Constitucional la modificación de la Ley de Cajas

El Parlamento andaluz, en su última sesión antes de las vacaciones de navidad, aprobó, como estaba previsto, los Presupuestos autonómicos para 2003, dotados con 20.175 millones de euros, un 9% más que los de este año. Pero el conflicto de las cajas de ahorros volvió a acaparar ayer el debate. La enmienda a la Ley de Acompañamiento en la que el Grupo Socialista incluía la adaptación de la Ley andaluza de Cajas a la nueva normativa estatal y ponía condiciones para obstaculizar que Cajasur pase a ser supervisada por el Ministerio de Economía fue también aprobada, aunque con duras críticas por parte del portavoz del PP, Antonio Sanz, quien anunció que pedirá a sus "compañeros de partido" en el Gobierno central que recurran la norma autonómica ante el Tribunal Constitucional.

La Junta y el Parlamento andaluz ya han anunciado sendos recursos contra la nueva normativa estatal sobre cajas, la Ley Financiera, que reserva la supervisión de las cajas de "fundación directa" por la Iglesia al Ministerio de Economia, un supuesto que sólo se aplica a Cajasur, la entidad cordobesa presidida por el sacerdote Miguel Castillejo, en conflicto abierto con la Administración autonómica desde hace tres años. Además, a través de la enmienda a la Ley de Acompañamiento que se aprobó ayer y de un decreto ya publicado, el Parlamento y la Junta han puesto nuevas condiciones a Cajasur para poder adherirse a la Ley Financiera: además de requerir el visto bueno del Consejo de Administración, que ya se lo dio, Cajasur necesitará el respaldo del 80% de la Asamblea General y la aprobación del otro cofundador, la Diputación de Córdoba (controlada por el PSOE).

La Ley de Acompañamiento incluye además una disposición final que establece que la adaptación a la Ley de Cajas entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y no el 1 de enero, como el resto de la norma. Es decir, que será aplicable antes de que se celebre la Asamblea de Cajasur, el próximo día 28, en la que se votarán los nuevos estatutos de la caja, adaptados a la Ley Financiera.

"Esto es un disparate, una aberración jurídica, una prostitución de la Ley Financiera", afirmó Sanz en el debate parlamentario de la Ley de Acompañamiento. El dirigente popular detalló los motivos de "inconstitucionalidad" de la enmienda socialista. "Está hecha para modificar desde una comunidad una normativa básica", expuso Sanz. "Tiene un carácter retroactivo, que es ilegal", añadió el portavoz parlamentario del PP, quien sostuvo que el PSOE había incorporado la enmienda "para ganar más cuota de poder, para quedarse con el quiosco de las cajas".

El portavoz socialista, Manuel Gracia, replicó que el Grupo Socialista sólo perseguía "defender al sistema financiero andaluz de una agresión" y recordó que el PP había usado la Ley Financiera para quitar a la Junta la supervisión de Cajasur.