Aguas de Valencia culpa a sus ex directivos del cobro de medio millón de euros sin justificación

Aguas de Valencia despidió a su ex consejero delegado Aurelio Hernández y a su ex director general Francisco Pontes por cobrar medio millón de euros (90 millones de pesetas) sin haber justificado el destino de los fondos, según la carta de despido a la que ha tenido acceso este diario. El documento basa en 11 motivos la rescisión del contrato de Hernández, al que acusa además del cobro de gratificaciones abusivas, que hizo extensibles a Pontes, de beneficiar a personas de su entorno y vender una propiedad de la sociedad sin el conocimiento del consejo. Hoy está previsto que se conozca la auditoría.

El presidente de la compañía, el naviero Vicente Boluda, despidió el pasado 13 de diciembre a su ex consejero delegado Aurelio Hermández por once motivos diferentes. El consejo acusa a Hernández, "en connivencia con el director general, Francisco Pontes", de cobrar de la caja de la sociedad medio millón de euros (unos 90 millones de pesetas) entre los meses de enero y noviembre de este año sin justificar el destino de los fondos. Igualmente acusa a los dos ex altos cargos de ordenar a un directer general adjunto de AVSA, Julio Jiménez, que expidiera un cheque al portador de 210.354 euros como percibido por él, y al negarse, obligarle a firmarlo. El empleado se arrepintió y lo rompió "pues no veía claras las responsabilidades en que podía incurrir".

AVSA responsabiliza a su ex consejero delegado de la firma de dos contratos de patrocinio publicitario con la sociedad Unidad Editorial, SA, editora del periódico El Mundo, por importe de otros 800.000 euros, y con Editorial Prensa Valenciana, editora de Levante, por otros 800.000 euros, y en las mismas condiciones, es decir, en caso de que se rompiese el contrato por cualquier motivo, el convenio se abonaría íntegramente.

En un tercer bloque de causas de despido, la compañía alude a una serie de contratos y bonificaciones a personas cercanas a los dos ex directivos. En el caso de Ignacio Santana, Aguas de Valencia asegura que Hernández eleva sus honorarios entre septiembre de 2000 y "una fecha indeterminada", de 6 millones de pesetas anuales a 12 y el periodo de vigencia se extiende a 10 años. Hernández rescinde el contrato del asesor poco antes de ser despedido, activando el cobro de una indemnización millonaria. Los ex directivos aumentaron en un 80% las retribuciones de Marcial Alcalá, director de la asesoría jurídica, incorporaron a la sociedad a Fernando Pontes, hermano del director general, blindando su sueldo y elevándolo un 33%, y contrataron a Juan Carlos Luján, empleado de Egevasa -empresa de aguas de la Diputación de Valencia y del grupo-, que también vió aumentada su remuneración un 50%, con el consiguiente blindaje de su contrato.

Valoración al mérito

Otro de los motivos del despido que la sociedad aduce es el cobro por parte de Hernández en concepto de "valoración al mérito" de 253.000 euros durante los años 2001 y 2002, "cantidades ambas que exceden del máximo del complemento variable que recogía su contrato", argumenta la compañía en la carta de despido. Pontes también cobró 288.949 euros por orden de Hernández "sin causa ni motivo que los justificase".

El consejo achaca a Hernández y Pontes la salida de la caja de la dirección de otros 5.800 euros para la compra de una sociedad, Seatroning, "de la que el consejo de administración ni siquiera está informado, así como tampoco la Comisión Nacional del Mercado de Valores", según recoge la misiva de despido. Igualmente, le imputan una serie de gastos realizados a través de las tarjetas de crédito de ambos por un importe de 297.451 euros, así como la retirada por parte de Pontes el pasado 20 de septiembre de una serie de facturas originalesde de los siguientes proveedores: Audiovisual Española 2000, Ed. Medios Valencia-Alicante-Castellón, Diario de Valencia, Mini Diario, Saur España, Despacho Heras-Albiñana-Suárez Abogados y Federico Doménech, SA.

Por último, la compañía hídrica, que explota el servicio de agua potable de Valencia junto con el Ayuntamiento de la ciudad, acusa a sus ex altos cargos de vender un activo de la compañía, Villa del Carmen, sin informar previamente al consejo de las condiciones de la venta y las obligaciones que conlleva, y que la sociedad estima que podrían ser onerosísimas para Aguas de Valencia. La firma añade un agravante y es que uno de los nuevos propietarios de la finca es una sociedad que se creó seis días antes de la venta y que está pendiente todavía de inscripción en el Registro Mercantil.