Obispos y Constitución

LA PERCEPCIÓN POR LA OPINIÓN pública de las relaciones simbólicas entre la Iglesia católica y los habituales aniversarios del referéndum constitucional de 6 de diciembre de 1978 se había limitado hasta ahora a constatar el victorioso resultado de la batalla librada por la jerarquía eclesiástica para defender la inamovilidad -el 8 de diciembre- como fiesta oficial de la Inmaculada Concepción, un tardío dogma proclamado por el papa Pío IX en 1854. La obcecada resistencia de los prelados a renunciar al carácter feriado de la conmemoración religiosa obligó al Estado -en teoría, no confesional- a permitir la construcción de un disfuncional puente o acueducto superfestivo en vísperas de las vacaciones navideñas antes que aceptar el vergonzoso espectáculo de un deslucido homenaje a la Constitución de 1978 celebrado en día laborable.

Las tesis defendidas por la mayoría de la Conferencia Episcopal sobre la reforma constitucional, el derecho de autodeterminación y el nacionalismo son rechazadas por los obispos catalanes y vascos

Pero el 24º aniversario del referéndum ofrece este año la novedad de la viva polémica político-eclesiástica en torno a los valores de la Constitución suscitada por el documento sobre el terrorismo aprobado el 22 de noviembre en la 79º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal; los 8 votos en contra y las 5 abstenciones de -se supone- los obispos catalanes y vascos frente a las 63 papeletas afirmativas impidieron la unanimidad necesaria para que la pastoral fuese un texto doctrinal vinculante. La manzana de la discordia no ha sido la condena de ETA sino el derecho de autodeterminación reivindicado por los nacionalismos vasco y catalán.

La opinión mayoritaria del episcopado considera a la Constitución de 1978 como "el marco jurídico ineludible de referencia para la convivencia". Aunque no resulte " perfecta" y sea " modificable", su eventual reforma debería realizarse "según lo previsto por el ordenamiento jurídico"; la pretensión de alterar unilateralmente las reglas de juego lesionaría "el bien común de una sociedad pluricentenaria". No tienen razón Jordi Pujol y los eclesiásticos catalanes cuando se burlan de la "canonización" y "sacralización" de una Constitución "envuelta con incienso pastoral": los obispos no se oponen a su eventual reforma sino que se pronuncian sólo contra modificaciones impuestas por la fuerza o al margen de los cauces del Estado de Derecho.

Sin necesidad de apoyar las aspiraciones de los obispos a que la sociedad laica les reconozca su "magisterio moral" como "sucesores de los apóstoles", cabe defender que las tesis de la pastoral sobre el derecho de autodeterminación son deudoras del pensamiento democrático y descansan en argumentos razonables. Según los prelados, las naciones son comunidades culturales; los Estados, construcciones políticas, pueden albergar a varias de ellas. La "soberanía política" no es una implicación necesaria de la "soberanía espiritual" de las naciones: sólo su variante totalitaria aspirar a constituirse en Estado "ignorando las múltiples relaciones históricamente establecidas entre los pueblos" y pisoteando " los derechos de las personas" mediante la fuerza. Abstracción hecha de los países invadidos o sometidos a régimen colonial, amparados en sus reivindicaciones por Naciones Unidas, ni el derecho de autodeterminación posee carácter absoluto, ni la imposición unilateral de la independencia territorial de la nación cultural está justificada: las aspiraciones secesionistas del nacionalismo democrático deberán ser conjugadas y negociadas con las pretensiones igualmente legítimas del resto de los ciudadanos del Estado.

Los nacionalistas vascos y catalanes acusan al presidente Aznar de haber presionado a los obispos para que comulguen con su nacionalismo español: la afirmación no se compadece, sin embargo, con la defensa de la España plurinacional realizada por la pastoral. Por lo demás, el juego de espejos entre política y religión también funciona en Cataluña y el País Vasco, donde el nacionalismo se beneficia desde su origen del apoyo eclesiástico: los votos discrepantes en la Conferencia Episcopal y la movilización del clero catalán y vasco contra el documento aprobado reflejan la sintonía de los obispos de ambas comunidades con los partidos de gobierno -CiU y PNV- en el poder desde 1980.