Un tribunal admite el recurso de un nuevo partido contra la Ley de Parejas de Hecho

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso interpuesto por Familia y Vida -un partido conservador constituido hace seis meses- contra el Reglamento de la Ley de Parejas de Hecho de la Comunidad, por considerarlo "inconstitucional". Familia y Vida cree que el reglamento, y la ley misma, invaden competencias del Gobierno central al tratar cuestiones de "derecho civil" que no están transferidas. La consejera de Justicia, Paz González, replica que "la ley [aprobada hace un año] sólo reconoce, dentro de sus competencias, derechos a las uniones de hecho, pero en ningún momento las equipara a los matrimonios".

Familia y Vida está inscrita como partido en el registro del Ministerio del Interior desde el pasado 22 de mayo, cuando "cinco ciudadanos" se pusieron de acuerdo para defender desde una plataforma política esos dos conceptos: "vida y familia", según explica su presidente, José Alberto Fernández López, que se niega a dar datos sobre afiliados. "Tenemos bastantes simpatizantes, y miles de personas han visitado la página web", dice. Este nuevo partido, que "no profesa religión alguna" y se declara contrario a "la eutanasia, el aborto y la pena de muerte", sostiene que la Ley de Parejas de Hecho "atenta contra la familia: aquella comunidad formada por un hombre y una mujer, unidos maritalmente, y sus hijos".

"Aunque obviamente estamos en contra del ideario de la ley, no la hemos impugnado por eso, sino porque el Gobierno regional ha hecho algo inconstitucional: legislar sobre un asunto en el que no tiene competencias, como es el régimen jurídico de las uniones de hecho, que corresponde al derecho civil", afirma el presidente del partido.

Paz González rebate de plano ese argumento: "La Comunidad no ha traspasado su ámbito competencial. La ley no equipara a las parejas de hecho con los matrimonios, y la prueba es que no reconoce a las primeras el derecho a adoptar hijos, que sí es una cuestión recogida en el Código Civil. Sólo se reconocen derechos de competencia autonómica, como el de recibir ayudas para comprar un piso", explica. El Gobierno ya ha remitido al TSJM el expediente administrativo de la ley.