El ex alcalde de Marbella acumula numerosas causas judiciales pendientes en Málaga y Madrid

El caso de los caballos no es la única causa judicial abierta contra Jesús Gil. La suma total de las penas solicitadas por la fiscalía en diversos asuntos, ya urbanísticos, ya por supuestas irregularidades en la gestión municipal o en asuntos privados, supera los 30 años de prisión y 100 de inhabilitación. Muchos de estos procesos se encuentran todavía en fase de instrucción.

En el apartado de los vistos para sentencia se encuentra el caso Atlético, juzgado por la Audiencia Nacional. Gil está acusado de presuntas irregularidades en la transformación del Atlético de Madrid en sociedad anónima deportiva. La Fiscalía pidió 17 años y seis meses de prisión para Gil y Gil por presunta apropiación indebida, falsedad contable y simulación de contratos.

El ex regidor deberá sentarse de nuevo en el banquillo de los Juzgados de Madrid por el caso Sermosa. Anticorrupción pide seis años de cárcel y diez de inhabilitación para Jesús Gil por malversación, falsedad y alzamiento de bienes. Se le acusa de una estafa de más de 200 millones de pesetas a las arcas municipales.

Otra causa importante es el caso saqueo, que llevó a Gil y a seis de sus colaboradores a ingresar en prisión en abril de este año. Gil está acusado de malversación de caudales públicos y falsedad documental por el presunto desvío de 30 millones de euros de las arcas municipales entre los años 1991 a 1995, a través de empresas tapadera.

En fase de instrucción se encuentra el caso Eventos, que investiga los patrocinios a través de empresas municipales de negocios deportivos de Jesús Gil; y el caso de la estatua rusa. Este último fue uno de los sumarios robados de los Juzgados de Marbella. Gil y Pedro Román están imputados por malversación de fondos públicos y falsedad documental, por desviar 142 millones de pesetas de dinero público para pagar una escultura que supuestamente era gratis.

El ex alcalde acumula otros cinco procesos por delitos urbanísticos a la espera de fecha para juicio, y por los que la fiscalía solicita 18 meses de cárcel en cada uno de ellos. Otra treintena de procesos urbanísticos están en fase de instrucción. Su salida de la política se debió a una condena judicial, en el caso de las camisetas, por el que fue inhabilitado.