Sospechoso un policía, caso archivado

"Los hechos investigados son constituyentes de infracción penal, además de una especial gravedad atendido que afectó a las medios del Cuerpo de Policía Local en fecha especialmente señalada y con ocasión de la celebración en esta ciudad [Sevilla] de un acontecimiento de relevancia internacional; también es cierto que concurren en tales hechos circunstancias llamativas y sorprendentes [...] esas posibles conclusiones no pueden tener cabida en esta resolución en la medida en que no pasan del terreno de la especulación". Estas palabras fueron escritas por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Carlos Lledó, en el auto de sobreseimiento provisional de las investigaciones sobre el sabotaje cometido sobre 40 coches y 32 motos (en total, 224 neumáticos pinchados) de la Policía Local de Sevilla el 21 de junio pasado, en plena cumbre del Consejo Europeo.

"El que no haya ni habrá culpables es una mancha al uniforme muy difícil de limpiar"

Ni el juez Lledó ni el fiscal encargado del caso, José María Calero, están contentos con el archivo del caso, pero simplemente no podían seguir más allá en sus investigaciones. Entres las cosas "llamativas y sorprendentes" que se citan en el auto está el hecho de que los cuatro agentes encargados de la custodia de los dos estacionamientos situados en la Isla de la Cartuja no vieran y, sobre todo, no escucharan nada.

Entre las pruebas periciales realizadas por la investigación interna municipal -de la que se encargó la delegada de Administración de Personal, Susana Díaz-, se hizo una de audiometría. En la misma, según fuentes que participaron en las pruebas, el ruido que producía el reventón de las ruedas del tren delantero de los coches patrulla alcanzaba una potencia más que suficiente para que se escuchara desde las garitas de guardia. Además, hay que tener en cuenta el elevado número de pinchazos y el silencio que había en el ambiente cuando se calcula que sucedió el sabotaje, entre las 3.00 y las 5.00 horas.

La primera sospecha de los investigadores recayó entonces sobre los cuatro agentes -dos en cada estacionamiento- que estaban ese día de guardia. No tanto por que cometieran los actos, sino porque no revelaran el nombre de los presuntos saboteadores. Entre las hipótesis manejadas para explicar este silencio aparece en primer lugar la posibilidad de que se tratara de alguien de "dentro" de la propia policía y que un corporativismo equivocado y dañino sellara las bocas de estos.

Pero esta sospecha también está apoyada por otros datos. Así, tal y como figura en el auto de sobreseimiento, los coches saboteados fueron elegidos con sumo cuidado. Por ejemplo, los automóviles camuflados del radar para medición de velocidad o el dedicado a los controles de alcoholemia fueron pinchados, mientras que los otros vehículos sin distintivos y particulares allí estacionados no sufrieron daño alguno.

Este hecho lleva a la inmediata conclusión de que los saboteadores sabían perfectamente los objetivos a atacar. Pero mientras se mantenga el silencio de los agentes que custodiaban los estacionamientos, la Justicia no podrá hacer nada.

La confusión sobre los sucedido aquella madrugada y el tufo a participación de agentes o personas cercanas a la Policía Local sigue creciendo a medida que avanza la investigación, hasta el punto de que el juez no puede establecer con certeza quién fue el primero en descubrir los daños realizados a los vehículos policiales. Sospechas todas, pruebas ninguna.

La Guardia Civil fue la encargada del informe pericial para el juez, pero con éste sucede tres cuartos de lo mismo: muchos indicios y ninguna rotundidad. La búsqueda entonces de huellas dactilares se tornaba decisiva. Se hizo, pero el único indicio hallado no tenía la calidad suficiente. Unas marcas de dedos sobre una capa de polvo se deshicieron en el aire cuando los investigadores trataban desesperadamente de registrarlas.

Representantes de UGT y del Sindicato Profesional de Policía Local (SPPL) también están de acuerdo en que la responsabilidad del sabotaje está dentro del ámbito del cuerpo. Varios cargos ugetistas rememoraban la semana pasada en su sede sindical en La Cartuja los hechos y aseguraban que "tantas casualidades no pueden ser". Sin embargo, no se atreven a dar ni a sugerir un nombre, aunque afirman tener sus propios sospechosos. La acusación directa sería grave, gravísima.

Desde el SPPL sí se hace alguna acusación, pero más con tintes políticos que otra cosa y en comunicados de prensa, no en los tribunales. Manuel Bustelo sostuvo en su momento que los culpables estaban en el equipo de gobierno municipal. La pasada semana se reafirmaba en sus acusaciones, pero con una media sonrisa que dejaba entrever más un nuevo rifirrafe político con el responsable de Seguridad Ciudadana, José Gallardo, que una imputación.

Los sindicatos sí fueron contundentes a la hora de defender a los cuatro agentes expedientados por el Ayuntamiento tras los sucesos. En bloque salieron en defensa de estos -ya readmitidos tras el archivo judicial-. Sin embargo, como asegura un alto cargo de la Policía Local y sindicalista: "El que los ciudadanos sepan que un hecho tan grave fue cometido desde el ámbito policial y que no hay ni habrá culpables es una mancha para el uniforme muy difícil de limpiar".