_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Impuestos

Suprimir el 20% de los ingresos de los Ayuntamientos y cargar a las comunidades autónomas la factura. Puede que la famosa 'segunda descentralización', al final, consista en eso. Si hay que hacer caso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la merma causada al eliminar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que grava al contribuyente sin ajustarse a los beneficios obtenidos, será compensada con la participación municipal en la cesta de impuestos parcialmente cedidos (un tercio de los del Estado) a las administraciones autonómicas (IRPF, IVA e impuestos especiales). La cosa, de todas maneras, no está clara, lo que hace más llamativa la prisa del PP por eliminar una figura impositiva especialmente antipática que Aznar ya prometió derogar en el programa electoral de 1996. Aunque ha transcurrido una legislatura y media, con informes de expertos que sugerían nuevas tasas municipales, como las que se aplicarían a empresas eléctricas, de gas o de telefonía móvil por el uso del espacio público, el proyecto de ley de reforma de las finanzas locales elude precisar nada, porque nada se ha negociado y el IAE ha de servir una vez más de arma electoral ('menos impuestos, más seguridad'), ahora que los populares tienen a los socialistas de Rodríguez Zapatero pisándoles los talones. El uso demagógico de la medida de cara a los próximos comicios municipales induce a escamotear las compensaciones previstas a la supresión del IAE porque, sin duda, traerán polémica. Ante el último congreso nacional de su partido, Rita Barberá, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se jactó de 'la intensificación del diálogo con el Gobierno' para culminar 'pronto y bien' un acuerdo de financiación. El viernes pasado, la Federació de Municipis de Catalunya, de mayoría de izquierdas, pidió la dimisión de Barberá por su 'sumisión' al Ejecutivo y su actitud 'totalmente pasiva' frente a la nueva normativa al no haber convocado a los órganos de gobierno de la FEMP. Alguien añadió que Barberá 'en vez de actuar como representante de los municipios, lo hace como comisaria política del Gobierno del PP'. ¿Quién? ¿La alcaldesa de Valencia? No puede ser.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_