Los andorranos exigen explicaciones al Gobierno por la política medioambiental

El Gobierno liberal de Marc Forné está pasando los peores momentos en ocho años de mandato, tras haber logrado que su grupo parlamentario aprobase la ley que permite construir y explotar un nuevo horno incinerador. Más de 350 personas se dieron cita el jueves ante el Parlamento andorrano y en las dependencias interiores para exigir explicaciones a los mandatarios, en medio de abucheos y silbidos.

Parece un número reducido de personas, pero de hecho crearon una situación excepcional en Andorra, donde sólo el 20% de los 65.000 habitantes son andorranos. Todos ellos pidieron ayer la dimisión del Gabinete de Forné, lo que no hizo mella en un grupo parlamentario que, con algunas destacadas ausencias, acabó obteniendo los votos para la aprobación del proyecto.

Tampoco tuvieron éxito las negligencias, las contradicciones ni los indicios de delitos administrativos, económicos y penales, e incluso de inconstitucionalidad, de las condiciones de concesión y explotación de esta incineradora que pusieron de manifiesto los socialdemócratas durante su intervención, quienes además temen que los efectos de la contaminación por dioxinas y metales pesados del anterior centro de incineración sean mucho más graves de lo que se ha sabido hasta ahora.

Y lo que se conoce no es poco: el horno se tuvo que cerrar no hace más de dos semanas con carácter de urgencia a causa de los elevadísimos índices de contaminación que emitía. Tan sólo en referencia a las dioxinas, estrechamente ligadas a la aparición de casos de cáncer entre la población situada en un radio de unos cinco kilómetros a la redonda del foco emisor, los índices se sitúan en más de 1.000 veces el máximo permitido por la Unión Europea. Andorra la Vella, la capital del Estado, está situada a menos de cinco kilómetros de Cal Rosselló, donde está el horno, y en una zona más próxima todavía hay complejos residenciales.

Los ecologistas andorranos y los partidos en la oposición temen que los datos hechos públicos no sean más que una pequeña parte de una realidad mucho más grave. Consideran que el Gobierno ha estado actuando con absoluta irresponsabilidad, puesto que ya en el año 1998 la ministra de Medio Ambiente, Olga Adellach, reconocía ante el Parlamento que los índices de contaminación eran más altos que los permitidos por la UE y a pesar de ello no se han hecho nuevos análisis de contaminantes hasta ahora, como respuesta a la presión del PS (Partido Socialdemócrata) y los ecologistas. Añaden que en la gestión del horno clausurado ha habido muy poca transparencia.

Pero la sospecha más grave se puso de manifiesto en la última sesión parlamentaria: el Gobierno liberal actúa movido por los intereses privados de unos cuantos. Los partidos de la oposición así lo aseguran y los ciudadanos lo manifiestan claramente.

Pere Babi, un destacado vecino de Ordino, considera la situación tan 'vergonzosa' que obliga 'al pueblo a movilizarse'. 'A nosotros nos da la impresión de que hay indicios de corrupción en bastantes decisiones del Gobierno', añade.

La sesión de anteayer, con presencia de un nutrido número de policías de paisano y de guardias de seguridad privados (precisamente de la empresa que ha obtenido la concesión del horno), fue interrumpida en diversas ocasiones por el público debido a lo que consideraron 'mentiras' del Gobierno. Por su parte, Jaume Bartumeu, presidente del PS, considera que es un 'ejemplo dramático' del quehacer liberal. 'Lo que se ha hecho hoy es un simulacro de sesión parlamentaria', afirmó.

Bartumeu denunció, entre otras cuestiones, un 'pelotazo' de más de 10 millones de euros entre el coste de la instalación y lo que realmente se paga a la concesionaria, y agregó: 'Nadie nos ha explicado dónde han ido a parar'. En respuesta, los liberales defendieron su política medioambiental, aseguraron que cerrar el horno ha sido muy positivo y añadieron por boca del presidente de su grupo parlamentario, Antoni Martí: 'No haríamos nada en contra de la salud pública'.