El Estado no se responsabiliza de la revuelta de Fontcalent

El macrojuicio por videoconferencia del motín de Fontcalent de 1990 quedó ayer visto para sentencia. La intervención última de los 19 procesados sorprendió a la sala: por vez primera, uno de los acusados atribuyó a Cortés Escobedo la muerte de un recluso. La abogada del Estado eximió de culpa a la Administración, a la que el fiscal acusa de no adoptar las medidas oportunas para evitar la insurrección.

El primer juicio que se celebra en España donde los procesados declararon desde la cárcel a través de cámaras concluyó ayer, tras más de treinta horas de sesión y después de desfilar cerca de una veintena de testigos. Al término de la sesión, el presidente de la Audiencia de Alicante y artífice del sistema de la videoconferencia, Vicente Magro, consideró que este juicio, 'de gran complejidad', se ha desarrollado con éxito. En su opinión, el proceso marcará un precedente en la Justicia.

La octava sesión no estuvo exenta de sorpresas. La intervención última de los procesados asombró a la sala, y puso en vilo a sus abogados. Uno de los enjuiciados, Salvador Estarlich, desmontó en un segundo la defensa de su letrado, quien solicitaba la libertad para su defendido, y se confesó culpable del intento de asesinato de otro de los reclusos. La intervención de Vicente Gómez, otro de los participantes en la revuelta, tampoco dejó impasible a la sala. Gómez, a quien el fiscal le imputa un delito de asesinato frustrado, acusó ayer al presunto cabecilla del motín, Cortés Escobedo, de la muerte del argelino Chokri Behnahmed. Por vez primera, uno de los enjuiciados apunta a Cortés Escobedo, alias el Zorro, como el responsable de la muerte del asesinato del recluso. 'Lo vi matándolo, rematando al argelino', manifestó Gómez. Éste relató a la sala que no lo declaró en su momento porque 'pensaba que era compañero'. Pero advirtió: 'como me culpen por un delito que no he cometido voy a ajusticiar al Zorro'. La última sesión finalizó con la presentación de los informes de diez de los letrados. Los abogados de la defensa censuraron la 'escasa rigurosidad' del ministerio público para concretar en sus conclusiones definitivas las responsabilidades individuales de los acusados durante la insurrección.

Los letrados reprocharon al fiscal que no concretara los hechos por los que se incriminan a sus defendidos, para quienes, en algunos casos, el fiscal reclama hasta 179 años de cárcel. Entre los ejemplos puestos de manifiesto se citó el caso de Donato Ricci, acusado de los delitos de detención ilegal, quebrantamiento de condena y atentado. Su representante reclamó no sólo su absolución sino además una indemnización por los perjuicios ocasionados. Ricci, según su letrado, reside en Córdoba en libertad desde hace ocho años, y fue arrestado exclusivamente para participar en el juicio. La última intervención corrió a cargo de la abogada del Estado, quien exoneró de responsabilidad a la Administración en el motín. El fiscal considera al Estado responsable civil subsidiario al entender que 'no se tomaron las medidas oportunas y, por tanto, no hubo una actuación adecuada para evitar la fuga'.

Por otro lado, la Audiencia de Valencia realizó ayer la primera declaración testifical a través de vídeoconferencia en la Comunidad, en un juicio con jurado popular. Un joven es juzgado por matar supuestamente a un taxista en Sedaví.