Trilerías eléctricas

Nos dimos un empacho de kilovatios por hora a cuenta de los CTC. Comprendo el hastío; el sector no descansa. La última pirueta tiene que ver con un nuevo concepto, el cual, como muchos anteriores, podría dar en que la tarifa evolucione por encima de lo razonable, esto es, que disimule ante los accionistas los errores de los directivos y consejos de administración. Me refiero al déficit tarifario. Su reconocimiento legal, es decir, por parte del PP, daría lugar a que en los próximos 6/10 años la tarifa eléctrica sume lo que el consumidor no ha pagado en 2002: podría alcanzar 260.000 millones de pesetas (más del 10% del recibo de la luz de un año), aunque la cifra acordada será probablemente algo menor. Además, como la titulización es palabra gastada, y con permiso del DRAE, anuncio el nacimiento de un nuevo término: la monetización, quizá securitización.

El problema de las eléctricas tiene que ver con la dudosa rentabilidad de la diversificación, nada achacable al Gobierno ni a la tarifa eléctrica española

Más o menos, el asunto es el siguiente. Según informa la Comisión Nacional de la Energía en el informe de liquidación de la tarifa de julio, los ingresos reales de las compañías eléctricas son inferiores en casi mil millones de euros a los previstos en el expediente de tarifas de este año. En otros términos, los consumidores de electricidad debemos (y no pagamos) a las compañías lo que éstas se merecen. Si se examina en detalle el informe citado y otras piezas informativas, se comprueba enseguida que la razón de nuestra deuda reside en que el precio de la electricidad en el mercado al por mayor (de generación) se ha situado a lo largo de este año en torno a un 30% por encima de lo previsto hace unos meses. ¿Qué ha sucedido? ¿Imprevisión? ¿Despilfarro? Lo previsto hace unos meses, y unos años, situaba la retribución del kilovatio por hora producido en torno a seis pesetas; era una estimación generosa, los análisis sobre el funcionamiento de un régimen competitivo apuntaban una cifra de cinco pesetas. Pues bien, es inútil buscar razones en la evolución de los tipos de interés o de los precios de las materias primas (uranio, carbón nacional y de importación, agua); la razón más importante del encarecimiento de la electricidad en el mercado al por mayor parece ser el precio del fuel, aunque su contribución a la generación de electricidad es insignificante. El hecho de que las centrales de fuel aparezcan misteriosamente en las casaciones del mercado, fijando así precios, guarda gran parecido con lo sucedido a mediados de los años noventa en el mercado eléctrico de Gran Bretaña: el precio de mercado venía determinado por una central más ineficiente que bastantes de las disponibles. La diferencia con el caso español es que, allí, el asunto mereció la atención del regulador y de las autoridades de competencia, que entendieron que ello era signo de ejercicio de poder de mercado; a partir de aquí, establecieron un price cap en el mercado de generación.

Aquí es distinto. El alumbramiento del déficit en el mercado de generación podría dar lugar a que los consumidores hagan frente al pago, por ahora, de más de un cuarto de billón de pesetas. No lo harán por este concepto -podría haber problemas con Bruselas, habida cuenta de que la generación se rige formalmente por mecanismos competitivos-, sino por un presunto déficit en la retribución de las actividades de transporte y distribución, que por reguladas admiten un trato más benevolente desde la perspectiva del derecho comunitario de ayudas de Estado. El sector ha entendido que cometió dos equivocaciones con los CTC: apuntarlos a la generación de electricidad y pretender ingresar en función de un concepto dudoso lo que se puede cobrar, más limpiamente, a través del BOE. Juegos de manos.

Por tanto, los consumidores están en deuda. Examinemos su origen. UNESA, que agrupa a las principales empresas eléctricas españolas, ofrece algunos datos de interés. Pese a sus protestas, el beneficio de las actividades eléctricas en España no ha sufrido merma en los últimos años: así, la rentabilidad financiera de las mismas parece situarse en un 12%, porcentaje superior al disfrutado por la empresa española, según la Central de Balances del Banco de España, a pesar de que los riesgos son bien distintos. Es cierto, sin embargo, que la rentabilidad financiera de las compañías eléctricas no suscita mucha confianza entre los analistas. La razón tiene que ver con los pobres resultados de las inversiones en asuntos ajenos al suministro de electricidad en nuestro país: esencialmente, su expansión en Latinoamérica y en las telecomunicaciones. De lo anterior se deduce que el problema de las eléctricas tiene que ver con la dudosa rentabilidad de la diversificación; nada achacable al Gobierno y, menos, a la tarifa eléctrica española. Por cierto, en cuanto a la deuda financiera, conviene señalar que, según la misma fuente, UNESA se ha duplicado desde 1998, aunque la inversión en activos eléctricos nacionales no ha observado variación. Entre esa fecha y hoy, la práctica totalidad del incremento de la deuda responde a decisiones de inversión en asuntos ruinosos.

Si existe una deuda, es la de los órganos de gobierno de las compañías eléctricas y sus directivos respecto de sus accionistas. Que no la pague el consumidor español.

Alberto Lafuente Félez es catedrático de la Universidad de Zaragoza.