La Mesa dejará al arbitrio de cada comisión la decisión sobre las citaciones

La Mesa del Congreso de los Diputados discutirá hoy la petición del PSOE para que nueve presidentes de empresas privatizadas y cinco ministros comparezcan en el Congreso para explicar las privatizaciones. Contará, para ese análisis, con un informe elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que amparó al Grupo Socialista frente a la denegación por la Mesa del Congreso de la comparecencia en el Parlamento del presidente de Telefónica, Juan Villalonga, en 1997, y del presidente de Endesa, Rodolfo Martín Villa, en 1998.

El Partido Popular da por hecho que, tras ese análisis, la Mesa (en la que tiene mayoría) declarará 'jurídicamente pertinente' trasladar la solicitud de comparecencias de los presidentes de empresas públicas y ministros a las comisiones parlamentarias. Si así lo hace, será cada comisión -también con mayoría del PP- la que decida la 'pertinencia política' de la comparecencia después de consultarlo con el Gobierno. El PP subraya que, sea cuál sea la pertinencia jurídica de una comparecencia, la 'oportunidad política la decide la voluntad mayoritaria de la Cámara'.

Interpretar la sentencia

Además, el Grupo Popular y el Gobierno mantienen que el Constitucional no ha dicho que deban producirse ahora las comparecencias como resultado de la sentencia. Se amparan en el siguiente párrafo: 'No cabe adoptar en el fallo de nuestra sentencia una medida destinada al pleno restablecimiento del derecho vulnerado por la Mesa del Congreso, de suerte que la pretensión del grupo parlamentario demandante de amparo ha de quedar satisfecha mediante la declaración de la lesión de su derecho (...) y la nulidad de los acuerdos que impidieron su ejercicio'.

En esta línea, el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró el viernes que 'el Tribunal Constitucional en ningún caso ha dicho que se tengan que producir las comparecencias. Es más, ha dicho exactamente lo contrario. Ha dicho que la pretensión del grupo parlamentario demandante de amparo queda satisfecha mediante la declaración de la lesión de su derecho y la nulidad de los acuerdos que impidieron su ejercicio'.

Javier Arenas, secretario general del PP y ministro de Administraciones Públicas, prefirió no excluir ayer ninguna posibilidad. Aseguró que su partido está 'abierto' a responder a lo que le plantee la oposición e invitó a los socialistas a llevar a la semanal sesión de control al Gobierno todas las peticiones de explicaciones que quieran. En todo caso, Arenas restó relevancia política a la iniciativa socialista al tildarla de 'claro intento de estirar' la sentencia. Auguró que pronto quedará zanjada esta polémica 'porque no hay nada'.