'Rescatados' para el mercado de trabajo

En España hay 1,5 millones de personas en riesgo de exclusión social. Tras estas palabras se esconden tal vez las personas que más dificultades tienen para encontrar un trabajo: ex toxicómanos, personas que han pasado por la cárcel, inmigrantes, jóvenes sin estudios, gitanos, mujeres desempleadas con hijos a su cargo, parados de larga duración y, por supuesto, quienes cobran salarios sociales. La Federación Española de Entidades y Empresas de Inserción (FEEDEI), que se creó en 1998 con el objetivo de defender los intereses de estos colectivos, ha ayudado a incorporarse al mercado laboral a 772 personas a través de unos 300 proyectos, según recoge la memoria anual de esta organización.

La organización facilita créditos 'blandos' para colectivos marginados, que se han traducido en 14 empresas y 93 puestos de trabajo

El 45% de los beneficiarios de estos préstamos son jóvenes, seguidos por mujeres con cargas familiares (22%) y ex presos (13%)

Además de esas colocaciones directas, la federación creó hace un par de años una línea de microcréditos con el mismo objetivo. Se trata de préstamos de hasta 30.050,61 euros, que pueden ser devueltos hasta en cinco años y cuyos intereses se limitan a la subida del IPC. La cantidad solicitada no puede superar el 65% de la inversión total que exige cada proyecto, que es valorado por su viabilidad.

En total 14 empresas han puesto en marcha su proyecto gracias a estos créditos que, a su vez, han permitido la creación de 93 puestos de trabajo; 10 de ellas son ya proyectos consolidados y la previsión de los responsables de la organización es llegar a los 100 empleos el próximo año.

El colectivo más favorecido por esta línea de financiación es el de jóvenes (45%), por delante de las mujeres con cargas familiares (22%), drogadictos recuperados (15%), personas que han pasado por la cárcel (13%) y gitanos (5%).

Estas empresas desarrollan su actividad en sectores muy diferentes. Las relacionadas con actividades de reciclaje (el 27,3% de los proyectos financiados), carpintería (22%) y agricultura ecológica (26,4%) son las más numerosas.

Para acceder a estos préstamos, los beneficiarios han debido cumplir determinados requisitos: obtener el apoyo de una organización social, que además debe comprometerse a hacer un seguimiento del proyecto empresarial; tener un plan de negocio viable desde un punto de vista económico y social; aceptar un contrato, donde se establecen los compromisos que adquiere la empresa de inserción con la organización que le supervisa y la FEEDEI y, por supuesto, dar al proyecto una estructura jurídica que le permita desarrollar la actividad.

Para los responsables de la federación, el principal problema para que las empresas dispuestas a contratar a estos colectivos desfavorecidos despeguen es de carácter legislativo, según explicó su directora técnica, Isabel Valdés, en la presentación de la memoria anual de actividades de la organización, el pasado jueves en Madrid, informa Europa Press. Según esta responsable, el Gobierno del Partido Popular presentó un proyecto de ley que pretendía regular las empresas de inserción en 1999, pero éste no salió adelante porque las Cámaras se disolvieron por las elecciones.

La FEEDEI está integrada en la actualidad por ocho organizaciones y está ultimando un censo de empresas que ofrecen trabajo a estos colectivos. Su publicación está prevista para el próximo mes.