Dos ediles de confianza del alcalde asumen las competencias de los acusados en el 'caso funeraria'

El alcalde, José María Álvarez del Manzano, ha cerrado la crisis abierta en su gobierno como consecuencia del caso funeraria pidiendo a Adriano García-Loygorri y a Pedro Bujidos, cuarto y quinto tenientes de alcalde, respectivamente, que asuman directamente la gestión de las concejalías de Salud y Consumo y Patrimonio y Régimen Interior. Simón Viñals y Antonio Moreno conservan el acta de concejal, pero el primero dejará el lunes la responsabilidad de Salud, y el segundo, la de Régimen Interior, presionados por el escándalo de la privatización de la funeraria municipal. Ambos se enfrentan a una posible pena de seis años de prisión en el juicio oral que habrá en el Tribunal Superior.

Pedro Bujidos, quinto teniente de alcalde y responsable del área de Hacienda, se encargará hasta el final de la legislatura de la concejalía de Patrimonio y Régimen Interior, según confirmaron ayer fuentes municipales. Adriano García-Loygorri, al frente del área de Medio Ambiente como cuarto teniente de alcalde, asumirá asimismo directamente la gestión de la concejalía de Salud y Consumo. El decreto de nombramiento, firmado por el alcalde, entrará en vigor el próximo lunes y simultáneamente cesarán como responsables de esas concejalías los dos ediles del PP implicados en el proceso judicial abierto por las presuntas irregularidades cometidas en 1992 en la venta del 49% de las acciones de la empresa funeraria municipal.

Se da la circunstancia de que ni Bujidos ni García-Loygorri son militantes del PP, aunque ambos llegaron al Ayuntameinto merced a su amistad personal con el alcalde, José María Álvarez del Manzano, con quien comparten gustos y aficiones.

Apoyo de amigos

No obstante, fuentes cercanas al gobierno rechazaron que el alcalde se apoye en los amigos más cercanos para sobrellevar los malos momentos que le está haciendo pasar el caso funeraria. 'Se trata de los mínimos cambios posibles para acabar la legislatura. Bujidos y García-Loygorri están al frente de las áreas donde se encuadran las dos concejalías que han quedado vacantes y si nombra a alguien nuevo apenas tiene tiempo de enterarse de aquí a las elecciones de junio próximo', señaló un portavoz municipal.

Rafael Simancas, portavoz del grupo socialista, apuntó que además del poco tiempo de gestión que resta de legislatura en la decisión del alcalde ha pesado también la necesidad de no romper los equilibrios establecidos en el PP cuando 'formó gobierno repartiendo las concejalias de área y las presidencias de las juntas de distrito'.

La concejal Inés Sabanés, portavoz de IU, considera que Álvarez del Manzano quiere cerrar la crisis de gobierno con 'más de lo mismo'. Tanto Sabanés como Simancas reclamaron ayer una vez más que las responsabilidades políticas por el caso funeraria no se limiten a los dos ediles directamente implicados. Además de éstos, se encuentra también procesado Luis María Huete, diputado regional y primer teniente de alcalde cuando se privatizó la funeraria, y los tres socios mayoritarios de Funespaña, empresa adjudicataria del 49% de las acciones de la funeraria municipal. 'El PP debe explicar si conocía y avalaba las actividades de sus tres cargos o si éstos le engañaron', afirmó Sabanés. 'El presidente del Gobierno, José María Aznar; el jefe del Ejecutivo autonómico, Alberto Ruiz-Gallardón, y la candidata del PP a la presidencia regional, Esperanza Aguirre, han de responder ante los ciudadanos de Madrid por el presunto fraude derivado de la privatización de la funeraria municipal', apuntó por su parte Rafael Simancas.

Tanto Viñals como Moreno y Huete han presentado la renuncia a los cargos de gestión que tenían encomendados, pero mantienen sus actas de concejales y diputado regional. Las voces pidiendo la dimisión de Viñals y Moreno se escucharon en el propio gobierno municipal el pasado julio, tras conocerse el escrito de calificaciones del fiscal y difundirse que Álvarez del Manzano no repetirá como candidato del PP al Ayuntamiento. Pero el alcalde se había resistido hasta ahora a cambiar su gobierno y el jueves pasado seguía defendiendo la inocencia de los procesados. La instrucción judicial ha arrojado indicios de que el gobierno local malvendió la funeraria por 0,60 euros cuando valía al menos 6,5 millones de euros. El juez sienta en el banquillo a los cargos del PP porque considera que 'consintieron o propiciaron burdos artificios contables para disminuir el valor aparente de la empresa municipal'.