El Gobierno vasco lanza un doble desafío institucional al juez Garzón

El Ejecutivo de Euskadi se fija en tres resoluciones de Garzón, dictadas entre el pasado 26 de agosto (auto de suspensión de Batasuna) y el 6 de septiembre (auto de rechazo del recurso de Batasuna), donde el juez intenta aclarar que las manifestaciones que convoquen personas vinculadas a la formación independentista son ilegales.

El Ejecutivo de Ibarretxe justifica la presentación de la querella en que los autos de Garzón 'son injustos, menoscaban las competencias del Gobierno vasco y abocan a una extensión indiscriminada y arbitraria de graves limitaciones al ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación'.

Por su parte, la Mesa del Parlamento vasco, donde los partidos del Gobierno tienen mayoría, acordó mantener la actividad del grupo de Batasuna pese a que Garzón había ordenado su suspensión. La Cámara vasca consideró 'nulo de pleno derecho' el auto de Garzón al entender 'que carece de jurisdicción' para imponer una decisión de ese tipo al Parlamento de Vitoria. De paso, la institución encargará estudios para saber si Garzón ha incurrido en el delito de usurpación de funciones, recogido en el Código Penal.

El PSOE y el PP reaccionaron con indignación a estas iniciativas: 'El Ejecutivo vasco mina los cimientos del Estado de derecho