Cuestiones mayores

En las últimas semanas, he asistido con verdadero asombro y desagrado al desenfocado e innecesario debate que se ha producido en torno al caso la niña de Segura de la Sierra (Jaén) y la actuación de la Consejería de Asuntos Sociales.

Desde este momento, quiero manifestar mi respeto hacia los padres de la niña, únicos sujetos de este episodio que lógicamente han ejercido sus derechos como les correspondía hacer, pero salvada su entendible crispación personal, creo que todos los demás agentes, partidos políticos, abogados, y desde luego los medios de comunicación, han desvirtuado este asunto de manera notable.

Para empezar, no quiero ahora centrarme en la política de la Junta de Andalucía, sino defender a los hombres y mujeres que trabajan en la protección de menores, una tarea tan desconocida como ingrata a través de la cual, trabajadores sociales, psicólogos, educadores, médicos, incluso administrativos y conductores, se enfrentan diariamente a la dura tarea de retirar la custodia de menores a familias que, en el 99% de los casos, no han respetado los derechos más elementales de sus hijos.

Los equipos de menores reciben continuamente amenazas, cuando no agresiones, necesitan la protección de vigilantes jurados en sus dependencias administrativas, se ven obligados a enfrentarse a diario a familias muy poco modélicas, particularmente problemáticas, que, si son capaces de maltratar a los niños, imagínense lo que pueden llegar a hacerle o expresarle a un funcionario. Sin embargo, desarrollan su trabajo a través de un procedimiento administrativo y judicial extraordinariamente garantista hacia los padres.

Si la violencia contra las mujeres es aborrecible, la violencia contra los niños y las niñas es más miserable si cabe. Entre todos tenemos la responsabilidad de crear un marco adecuado para que esas prácticas de una patria potestad todopoderosa y malentendida, o bien la incapacidad para ejercerlas adecuadamente, terminen erradicándose de nuestra sociedad.

Si vilipendiamos a los médicos que, primero en Segura de la Sierra, después en el Hospital de Úbeda y por último en el Reina Sofía de Córdoba, se han mojado en este caso, detectando una supuesto caso de malos tratos (con el trabajo que cuesta a veces que los profesionales sanitarios se impliquen en este tipo de denuncias), estaremos propiciando una involución en la persecución de los malos tratos infantiles.

Los servicios de menores adoptaron una medida cautelar al retirar la custodia como prevé la ley para proteger a la niña ante la sospecha de malos tratos. Toda medida cautelar, como su nombre indica, es provisional y sirve para prevenir, no es, por lo tanto, una resolución definitiva.

Si el expediente se resuelve devolviendo la custodia a los padres, no debería utilizarse luego para satanizar la intervención de unos profesionales que no se han movido por ningún tipo de ánimo de lucro ni de interés personal, sino simplemente para proteger a una niña. En este sentido, mucho menos podemos cuestionar la actuación de la Junta de Andalucía y los Juzgados de Menores en cientos de asuntos donde intervienen cada año.

Por eso, yo hoy quiero mojarme, aun a riesgo de equivocarme. Como se han mojado los médicos y el conjunto de los profesionales de menores en este caso. Quiero animarles a seguir adelante con su ingrata y delicada labor. Son muchas las vidas que reconducen y los niños que recuperan la felicidad gracias a su intervención acertada en la práctica totalidad de los casos.

La ley, sin duda, tendrá aspectos que perfeccionar. De todos modos, se deben extraer consecuencias que hagan mejorar los procedimientos, pero los partidos políticos y los medios de comunicación deberían dejar fuera de la confrontación y la critica fácil una materia tan delicada como los malos tratos a menores, en la que juicios de valor tan superficiales y malintencionados como los que se han vertido en estos días sólo harán retroceder los derechos de los niños y atemorizar a unos profesionales que tantas decisiones delicadas tienen que adoptar en el desempeño de su función pública.

Si el caso fuera al revés, si una niña sufriera malos tratos ante la pasividad de sus médicos y de la administración, como tantas veces sucedía en el pasado, estaríamos haciendo juicios bien distintos. Nuestras opiniones, por lo tanto, deberían ser más contrastadas y responsables porque los temas de maltrato de menores son cuestiones mayores.

María del Mar Moreno es vicesecretaria general del PSOE Andalucía