Muchos planes y pocas soluciones

El caso de Ana Orantes, de 60 años, que murió calcinada en diciembre de 1997 después de que su ex marido, José P. A., la rociara con gasolina y la prendiera fuego, empujó a políticos, jueces y medios de comunicación a despertar del sueño que les sumía en la ceguera del penoso panorama que vivían en España las mujeres maltratadas. Divorciada dos años antes, Ana compartía chalé con su ex marido, ella en el piso de arriba, él en el de abajo, como dictaba la sentencia judicial. Su vida de agresiones físicas y psíquicas culminó en asesinato cuando el ex marido se enteró de que Ana le había denunciado en un programa televisivo.

Aquel caso podía ser sólo la punta del iceberg y, meses después, el Gobierno encendió el motor para afrontar el grave problema. A comienzos de 1998 promulgó un plan de choque contra los malos tratos, pero, a juzgar por los resultados, faltaba combustible: en lo que va de este año, 31 mujeres han muerto en España a manos de su marido, o compañero, o novio, o ex novio. Y 19 más han sido víctimas del instinto mortal de algún allegado. Estas cifras mantienen las estadísticas de los dos años anteriores y superan las de 1998, año en que entró en vigor el primer plan de choque, actualizado en 2001. Los números cantan por sí solos, y la oposición parlamentaria y las organizaciones contra la violencia doméstica no han cesado de denunciar la ineficacia de los programas, en particular, por su carácter de parcialidad, que se ha centrado en potenciar el estímulo a la denuncia de las víctimas y la creación de casas de acogida, pero no ha calibrado el riesgo que corren las denunciantes y la necesidad de afinar su protección contra la reacción virulenta de los agresores que no consienten ser delatados.

En la actualidad se da la paradoja de que el agresor puede beneficiarse de un permiso de visitas a los hijos mientras otro tribunal, penal, le impone no acercarse a la familia

Medidas parciales

Ni los 54 millones de euros del primer plan, para tres años de aplicación, ni el reducido aumento a 78 millones del de 2001, para cuatro años (un 6,54% de incremento real), han servido para reducir la violencia de género. El propio ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, parece haber aceptado la ineficacia de las acciones gubernamentales cuando recientemente anunció que está preparando un proyecto para que las agredidas puedan sentirse respaldadas económicamente, a través del sistema de desempleo, en caso de tener que abandonar su hogar, su trabajo y/o su ciudad. Otra medida parcial que, según Micaela Navarro, secretaria de Igualdad del PSOE, no sirve 'porque el problema es mucho más profundo en una sociedad donde la violencia está muy tolerada'.

La novedad comunicada por Zaplana aparece como un punto más en el proyecto de Ley integral contra la violencia de género presentado por el PSOE en diciembre pasado y que se debatirá en el Congreso el próximo martes. Un texto global que recoge desde la prevención, a través de políticas de igualdad en la escuela, hasta la creación de juzgados específicos que diriman casos civiles y penales de forma coordinada. En la actualidad se da la paradoja de que el agresor puede beneficiarse de un permiso de visitas a los hijos, mientras otro tribunal, penal, le impone no acercarse a la familia. La asistencia especializada, la atención sanitaria, las facilidades de empleo y vivienda, y la creación de un fondo de garantía de pago de alimentos forman parte del texto. Todo ello, proponiendo un presupuesto específico y en coordinación con autonomías y ayuntamientos, para que no haya diferencia de trato entre las afectadas.

El número de denuncias por malos tratos ha ido creciendo en España hasta alcanzar la cifra de 24.158 en 2001, año en que murieron 31 mujeres, según fuentes del Ministerio del Interior. La denuncia ante la policía y los juzgados, y los procesos de separación y divorcio representan la bicha para el agresor, el 90% de los casos de muerte responden a estas características. El ofendido no sólo no atiende a legalidades, sino que su cólera aumenta cuando el macabro secreto de la tortura del que es protagonista traspasa las puertas del hogar. Veinte denuncias había presentado Alicia Aristregui, de Villava (Navarra), pero de poco le sirvió, murió a manos de su cónyuge el pasado abril cuando estaba en trámite de separación. La opinión pública se lleva las manos a la cabeza: ¿cómo es posible que los jueces no atiendan estas reiteradas llamadas de socorro? El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Rafael Ruiz de la Cuesta, abrió una investigación sobre el caso de Villava para depurar responsabilidades. El resultado, una semana después, es que no se había apreciado 'ninguna incorrección' porque 'no era fácil deducir una ulterior acción violenta como la que desgraciadamente tuvo lugar'.

Denuncias sin garantías

Para Carmen Olmedo, diputada socialista, alejamiento del agresor y centros de acogida y asistencia letrada han mejorado, pero falta algo definitivo, como intensificar la protección de las mujeres que denuncian. 'Están fallando los mecanismos de seguridad', afirma. 'Es una irresponsabilidad que desde el Estado se anime a denunciar sin garantizar una mínima protección'.

Centros de cobijo, medidas de alejamiento, incluso la cárcel no frenan la madera de agresor en medio de un panorama invadido por un peloteo de responsabilidades en el que los jueces piden al Gobierno que defina con precisión el delito de malos tratos (Consejo General del Poder Judicial, octubre de 1998). Asuntos Sociales critica a los jueces por su escasa protección a las mujeres maltratadas al no imponer masivamente la medida de alejamiento del agresor (Concepción Dancausa, secretaria general de Asuntos Sociales, febrero de 2001). La oposición parlamentaria y las organizaciones feministas gritan contra la ineficacia de los gobernantes, y el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, exige (abril de 2001) al Consejo General del Poder Judicial que proponga al Gobierno la creación de órganos especializados que puedan vigilar toda la materia de malos tratos. Un año antes de esta petición, el PP rechazaba una propuesta socialista sobre la creación de fiscalías de violencia doméstica porque 'sería un despilfarro, dadas las carencias de la justicia, dotar a todas las provincias de fiscales dedicados exclusivamente a esa materia'.

El problema no es patrimonio de España. Si se atiende a las recientes declaraciones de la comisaria europea para asuntos de Empleo y Asuntos Sociales, Anna Diamontopoulou: 'Una de cada cinco mujeres europeas ha sufrido malos tratos alguna vez en su vida'.