Inmobiliarias sin empleados ni auditorías internas
El PNV tiene participaciones en sociedades mercantiles, registradas tanto en la contabilidad de la ejecutiva del partido en Euskadi como en la de Vizcaya. El informe destaca de la ejecutiva nacionalista 'la venta a dos sociedades anónimas propiedad del partido, de la participación en una sociedad dedicada a la edición y publicación'. 'Dicha participación', se queja el tribunal, 'pasa formalmente a dos sociedades mercantiles interpuestas, lo que dificulta el seguimiento y control de esta participación por el Tribunal de Cuentas'.
El informe detalla más lagunas sobre esta operación: 'Esta venta ha supuesto la contabilización de una plusvalía de 400.000 euros. No consta la oportuna declaración del Impuesto de Sociedades respecto de las rentas no exentas aplicables a los partidos políticos'.
El informe de 1999 señala que la ejecutiva vizcaína del PNV tenía invertidos 722.000 euros en la sociedad del Grupo Garapen SA, con un saldo deudor de un millón de euros. Esta sociedad fue liquidada en 2000. 'En 1999, el principal activo de la sociedad correspondía a inmovilizaciones materiales sin que figurase gasto de personal alguno al tratarse, según manifiesta el partido, de una sociedad instrumental cuyo objetivo era construir la sede de Durango'. El Tribunal de Cuentas expone su dificultad para valorar esta sociedad privada del PNV ya que no tiene obligación legal de ser auditada. El informe de 1997 citaba otras dos empresas del PNV: las inversiones de la ejecutiva vizcaína en las sociedades Campbell SA y Fibro Cementos Aurrera SA, de las que poseía entonces el 100% del capital.
Del PSOE señala que posee el 100% de El Socialista y la dificultad que entraña no haber recibido del partido sus cuentas y que no esté obligada legalmente a ser auditada. También pone de relieve que no se han pagado intereses por el pago aplazado de la venta de acciones del partido en Prensa Sur. Y proclama que no puede pronunciarse sobre el valor de las acciones de una empresa donada a la ejecutiva de Valencia, ya que sus cuentas no constan en el registro ni el partido las ha entregado, y que ha revendido con una plusvalía de 1,5 millones. Al PSC le echa en cara que no dispone de documentación para valorar económicamente su sociedad editora de Regio.
El informe censura al PP la entrega de fondos económicos a dos fundaciones afines 'sin que consten condiciones, plazos y finalidad de los préstamos otorgados'. IU merece parecido reproche por no documentar los servicios prestados por una fundación a la que realiza pagos.
