La adjudicación del teatro Príncipe Pío a una empresa americana abre una agria polémica

El hecho de que la gestión de un espacio escénico de 8.000 metros cuadrados sito en el corazón de Madrid dependa de un grupo inmobiliario ha provocado una agria polémica. Los más enfadados son los que han perdido la posibilidad de gestionarlo: la Sociedad General de Autores de España (SGAE) y el actor Antonio Banderas, entre otros. El grupo Riofisa, responsable de la reconversión de la antigua estación en un centro comercial y de ocio, ha cedido la gestión del teatro a la Corporación Interamericana de Entretenimiento. Los autores de teatro y el director José Luis Gómez también critican que el Príncipe Pío sea gestionado por una empresa americana especializada en musicales.

Cuando el grupo Riofisa ganó hace 10 años el concurso que sacó Renfe para convertir la Estación Príncipe Pío en un centro comercial, sabía que parte del espacio debía dedicarse a uso cultural. Se decidió que habría un teatro y éste, aun antes de existir, ha tenido muchos novios. Tanto el Gobierno autonómico de Joaquín Leguina, como el de Alberto Ruiz-Gallardón han estado detrás de ese espacio. Pero ni uno ni otro han logrado hacerse con el recinto.

Tuvo más suerte Luis Ramírez, productor teatral que se asoció con el urbanista Luis Parra. Posteriormente se creó la sociedad Teatro Príncipe Pío, SL de cuyas acciones Ramírez tiene un 0.5%, Parra el 15%, la SGAE un 52% y el actor Antonio Banderas un 32,5 %. Llegaron a un acuerdo contractual con Riofisa, pero la empresa lo ha roto unilateralmente y ha preferido ceder el teatro a la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), empresa que utilizará el teatro para representar musicales. En Madrid ha estrenado, entre otros espectáculos, La bella y la bestia, y próximamente presentará El fantasma de la ópera.

'Lo que ha ocurrido con el proyecto de Príncipe Pío es lógico en el proceso de colonización del teatro español que los autores de teatro venimos denunciando', afirma Jesús Campos, presidente de la Asociación de Autores de Teatro. 'En cultura, el libre mercado es una argucia hipócrita con la que los dueños del mercado niegan la libertad', dice. A su juicio 'es un escándalo que la Administración central y el Ayuntamiento de Madrid, al ceder la explotación a una empresa privada, no hayan previsto los mecanismos que garanticen el interés cultural del proyecto'.

Campos, que desconfía del llamado musical americano, comenta: 'Ya está bien de hamburguesas teatrales que ensucian nuestro estómago y sólo benefician a las multinacionales. Que encima las administraciones públicas les monten la hamburguesería, me parece intolerable'.

No menos enérgico se muestra José Luis Gómez, actor, director y fundador del teatro de la Abadía: 'Se está haciendo en materia cultural una dejación de funciones de manera muy notoria y éste es un claro ejemplo. Pero que nadie lo confunda con que serían deseables proyectos de menor envergadura. Manifestaciones culturales de alto nivel pueden ser muy visitadas, como Salzsburgo o Avignon, ejemplos de que hermosos proyectos tienen posibilidad de atraer no a una minoría, sino a una pequeña mayoría, y no hay que cejar en ese empeño'.

'El problema es que en algunos políticos hay un gran malentendido cuando dicen que no quieren regular la cultura. Eso está bien, pero hay que impedir que en asuntos culturales de envergadura termine primando el derecho económico. Madrid está muy necesitada de proyectos serios', añade Gómez.

Alejandro Colubi, presidente de la Asociación de Empresarios de Locales de Teatro, tiene claro que deben ser las empresas privadas las que gestionen los teatros: 'Aunque sólo sea por higiene mental. El Estado no es nadie para marcar políticas culturales; lo puede hacer en sus cotos, pero nada más. En cualquier caso, también estamos en contra de que la SGAE entre en posición de riesgo con un dinero que no es suyo'.

El concejal socialista Rafael Simancas, candidato a la presidencia del Gobierno regional, señala: 'Cuando el Ayuntamiento avaló esta operación, tenía que haberse asegurado de que el espacio cultural tenía una configuración que posibilitara una gestión de interés público y general.Pero ha abandonado la gestión en manos de una empresa que es un figurón urbanístico. Nos parece una irresposabilidad absoluta. La relación entre una inmobiliaria y este proyecto es de por sí sospechosa'.