Un inmigrante enfermo se niega a ir al hospital por temor a ser detenido

Los argelinos siguen en el campus pese a la acuciante falta de comida

Los problemas de salud entre los inmigrantes encerrados en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) se están acentuando en los últimos días, propiciados por su precariedad alimentaria. Un argelino, en aparente estado grave, se negó ayer a ser trasladado en ambulancia a un hospital por temor a una posterior detención policial. Otras seis personas estaban tumbadas con signos evidentes de malestar. La falta de comida es acuciante.

La despensa del pabellón deportivo donde los inmigrantes guardan los alimentos ofrecía el viernes una imagen penosa. Una caja de patatas, 18 litros de leche, un manojo de puerros, un saco de azúcar y otro de garbanzos, cebollas, algunos repollos, 20 litros de aceite, bolsitas de té, sal y harina. Y nada más. Unas reservas exiguas para más de 150 personas (los inmigrantes aseguran que son 340), que salvaron el almuerzo del viernes con medio bollo de pan y lechuga. Las reservas, ayer martes, eran aún más exiguas, tanto que se suprimió el almuerzo del mediodía. El día anterior sólo habían tomado unos garbanzos y pan, según relataron ayer en el campus.

La pésima alimentación está debilitando a los inmigrantes a marchas forzadas. Al menos siete argelinos permanecían ayer tumbados en el pabellón cubierto de la UPO con signos de molestias y dolores. El caso más preocupante, sin embargo, era el de un inmigrante con temblores, que llevaba tres días sin probar bocado, según sus compañeros. A pesar de su estado, el argelino se negó a ser trasladado en una ambulancia de Emergencias Sanitarias hasta el hospital por temor a ser detenido por la policía al recibir el alta.

La negativa a salir del campus hacia el hospital contrasta, sin embargo, con las frecuentes idas y venidas de algunos encerrados entre los barrios de las cercanías y el recinto universitario. 'Ellos pueden salir corriendo', decía ayer un inmigrante para subrayar la diferencia entre ambas situaciones.

El cierre de la cafetería del campus donde antes los inmigrantes que aún disponen de dinero podían adquirir bocadillos, bebidas y tabaco ha favorecido las salidas y entradas del campus para comprar comida. La entrada de alimentos, que antes enviaban organizaciones y administraciones, se ha ido reduciendo progresivamente debido a la duración del encierro (el próximo 10 de agosto cumplirán dos meses) y también por el comienzo de las vacaciones, que dejan a las organizaciones humanitarias y a las instituciones que han colaborado con los inmigrantes bajo mínimos, aunque el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra sigue fiel con envíos diarios de remesas de pan (250 bollos).

Los inmigrantes se quejan de la escasez de comida y de la reducción de servicios, como el cierre de retretes portátiles (ahora sólo disponen de los ubicados en el interior de uno de los pabellones), pero casi todos los consultados siguen aferrados a la idea de mantenerse en la UPO contra viento y marea. 'Vamos a seguir hasta la muerte', dice uno de ellos con una sonrisa, como para quitarle hierro a la frase. Ya en serio, matizaba que proseguirán en el campus hasta lograr la regularización o un permiso de trabajo, dos demandas que parecen imposibles de cumplir a la vista de la negativa del Gobierno de acceder a las reivindicaciones de los encerrados. 'Si el Gobierno quiere que regresemos a Argelia que nos mande a la policía, y si no esperaremos aquí, ¿adónde vamos sin trabajo ni papeles? ¿a robar? Yo no puedo robar', exponía otro.

'La policía no respeta el pase'

Juan Carrique, integrante de la red de apoyo a los encerrados en la UPO, criticó ayer que el salvoconducto entregado por el Defensor del Pueblo andaluz a quienes abandonan el campus 'sólo sirva para trasladarse a otras ciudades y no para circular internamente', informa Europa Press. Carrique señaló que la policía no puede saber, si detiene a alguien con este escrito, 'si ha salido a comprar algo o va a la estación a coger un autobús'. 'Nos lo vendieron como un acuerdo tácito entre la Delegación del Gobierno y el Defensor para que no se produzcan detenciones de inmigrantes, pero la policía no lo está respetando', aseguró Carrique. De momento, ningún inmigrante ha sido expulsado tras dejar el campus, aunque a dos se les abrió el miércoles 30 un procedimiento sancionador que puede culminar en una orden de expulsión tras ser detenidos en Dos Hermanas.