El Gobierno de CiU lleva al Parlament una ley de universidades sin financiación

La Ley de Universidades de Cataluña (LUC), el primer proyecto de ley que presenta un Gobierno autonómico para desarrollar la Ley Orgánica de Universidades (LOU) -un sector totalmente transferido- espera turno en el Parlament. Una gestación de seis meses en la que políticos y académicos no han ocultado sus discrepancias no ha producido un texto de consenso. Los rectores exigían que el texto legal incluyera un modelo de financiación para situar el gasto en educación superior al nivel de la Unión Europea. El texto aprobado por el Gobierno de CiU, no hace mención de este punto.

El proyecto de ley, aprobado en el Consell Executiu del pasado martes y presentado ayer por el conseller en cap, Artur Mas, y el titular de Universidades, Andreu Mas-Colell, integra dos leyes anteriores: la de consejos sociales, que revisa sustancialmente, y la del Consejo Interuniversitario. Redefine la Agencia para la Calidad -un organismo que le sirvió a CiU para justificar su apoyo a la LOU en el Congreso- y apunta algunas pautas para el sistema de acceso a la universidad.

Sin embargo, el elemento central de la LUC y el que mayor influencia puede tener en el futuro de las universidades públicas catalanas, es el modelo de profesorado que introduce, que rompe de modo efectivo el viejo sistema funcionarial al crear un cuerpo de docentes e investigadores contratados con garantías laborales, que puede llegar a suponer hasta el 49% del total del personal académico.

Pero esta ambiciosa revolución cojea en un aspecto básico: un compromiso de financiación. Una declaración de la recién creada Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) pedía que la ley incluyera el compromiso de 'un incremento significativo, gradual y continuado' del presupuesto de las universidades públicas 'para ir acercándonos a la media de los países de la OCDE y de la Unión Europea'.

Las universidades reaccionaron ayer con pesar, pero sin renunciar a su objetivo. 'Volveremos a insistir para que durante el trámite parlamentario de la ley, ésta incluya una declaración paralela que estudie el tema de la financiación', dijo el rector de la Politécnica (UPC) Josep Ferrer Llop. El equipo de Gobierno de la Pompeu Fabra (UPF) y el de la Autónoma (UAB) se manifestaron en el mismo sentido. La Universidad de Barcelona (UB), cuyo rector, Joan Tugores, preside la ACUP, indicó que no se pronunciará hasta 'haber estudiado a fondo el texto', que los rectores no recibieron hasta ayer por la tarde.

'Ésta no es una ley de financiación del sistema universitario catalán, porque son los presupuestos de la Generalitat los que definen las prioridades que se deben ir marcando cada año', había replicado por la mañana Artur Mas, anticipándose a las críticas. Establecer un compromiso presupuestario en el texto, añadió, habría sido 'un corsé'.

El conseller en cap, Artur Mas, admitió los problemas de financiación de las universidades y la necesidad de aumentar los recursos económicos y humanos en los centros, pero instó a 'encontrar nuevas vías para incrementar los recursos', como las colaboraciones entre centros y empresas. Mas aprovechó el tema de las becas y ayudas a los estudiantes para desviar la responsabilidad hacia el Gobierno central y reclamar el traspaso de las competencias en esta materia. 'Es donde estamos más cojos', dijo.

La parte más importante del proyecto de la futura ley es la que se refiere a la política de profesorado. El titular de Universidades, Andreu Mas-Colell, lleva tiempo intentando romper con el viejo sistema funcionarial, y ha aprovechado el resquicio que abre la LOU para establecer, por vez primera desde tiempos de la Generalitat republicana, categorías laborales estables de profesorado contratado: catedrático, profesor agregado y profesor colaborador permanente. Aunque no se trata de funcionarios, el proyecto prevé que estos profesores dispongan de los mismos derechos e idénticas condiciones salariales, con la única limitación que establece la LOU, que no pueden acceder al cargo de rector. La LUC da libertad a cada universidad para crear las plazas de profesorado que crea convenientes y para seleccionar a los profesores que quiera contratar.

Consejos sociales

Otra muestra de la voluntad de dinamización de la vida universitaria es la reducción del número de miembros de los consejos sociales -cuyo papel se ha potenciado- de 20 a 15, de los que nueve representan a la sociedad catalana y seis al consejo de gobierno de la universidad. Se mantiene así la proporción de representantes internos y externos, pero se agiliza el funcionamiento y la operatividad de este órgano. La regulación de los consejos sociales es uno de los puntos en los que más claramente el proyecto del Gobierno catalán rectifica el modelo creado por la LOU.

Respecto a nuevas las pruebas de acceso a la universidad, Mas-Colell subrayó que se evitará en la medida de lo posible que los estudiantes de bachillerato se enfrenten a dos exámenes antes de entrar en la universidad -la reválida de la futura ley de calidad y otra de acceso a la universidad-, de forma que se unifique en una sola prueba la evaluación final del bachillerato y la prueba de acceso a la universidad.

El proyecto de ley establece que el catalán 'será la lengua de uso normal en la universidad', aunque reconoce el derecho de profesores y alumnos a expresarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Tal como se había anunciado, el Gobierno de CiU ha retirado del texto un artículo que establecía que dar clases en catalán sería considerado un mérito para que los profesores pudieran obtener incentivos económicos, lo que hubiera creado problemas sobre su constitucionalidad, tal como los propios rectores se encargaron de manifestar.