Varios expertos en Derecho analizan las reformas que debería incluir una futura nueva Ley General Tributaria

"El desarrollo de una nueva Ley General Tributaria constituye una materia muy importante porque regula las relaciones más básicas entre los ciudadanos y la Hacienda Pública, pero desde el punto de vista social y político la reforma del IRPF era más prioritaria y rentable, ya que afecta de forma inmediata al bolsillo de la gente". El profesor Juan Enrique Varona explicó así una de las causas que han paralizado el proyecto de reforma de la citada ley, tema sobre el que gira el curso Hacia una nueva Ley General Tributaria, que se está desarrollando esta semana en Laredo dentro de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria. Destacados expertos en Derecho Tributario están analizando los distintos aspectos que debería incluir la futura normativa que, según Varona, "exige una reflexión profunda porque es una ley compleja que aborda de forma genérica los derechos y garantías del contribuyente". Por ello, el profesor cree que su culminación tardará. "Tampoco es bueno que esta reforma, cuyos máximos beneficiados serán los ciudadanos, se haga con precipitación", dijo. La Ley General Tributaria (LGT) vigente en la actualidad en nuestro país data de 1963 y, "aunque está muy bien hecha, contiene disposiciones que se han quedado desfasadas", señaló Varona. Esta normativa ha sido actualizada a lo largo de los años por varias reformas, una que endureció la parte referida a sanciones e infracciones y otra que la suavizó, así como por la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente de 1998. "La LGT sigue siendo una ley codificadora de gran importancia, con apartados muy bien regulados, pero es preciso darle una coherencia interna", explicó. El profesor consideró que una de las reformas que debería incluir la nueva ley es la definición de lo que es el tributo, según los criterios vertidos por el Tribunal Constitucional en muchas sentencias. "Además, la nueva LGT debería tener en cuenta la estructura territorial actual de España, incorporando a las comunidades autónomas y refiriéndose a nuestra pertenencia a la Unión Europea", precisó. Incorporar los criterios de la jurisprudencia ordinaria y llevar a cabo una depurada regulación de la separación de los procedimientos sancionador e inspector son otros dos aspectos que Varona considera necesarios en un previsible proyecto de reforma. "La nueva ley también debería regular la terminación convencional de los procedimientos tributarios, esto es, que se puedan negociar con la Hacienda Pública determinados conflictos, siempre que no afecten a los elementos esenciales del tributo". Estos pactos no afectarían, por ejemplo, a cuestiones como el contenido de la obligación, pero sí podrían servir para despejar dudas que aparezcan en la fase de aplicación del tributo (valoración de un bien, fijación de un hecho controvertido...). Todas estas cuestiones están siendo analizadas en el curso por expertos como el eurodiputado Fernando Pérez Royo, el ex presidente de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso Juan Ramallo, y el ex ministro de Trabajo Rafael Calvo Ortega, que ofrecerá una ponencia hoy, viernes.

EUROPA PRESS