Los negocios dedicados al alquiler de motos acuáticas descienden un 91%

Alquilar una moto náutica en las playas andaluzas se ha convertido en una dificilísima tarea. De las 61 empresas que el año pasado se dedicaban a este negocio en Andalucía se ha pasado a únicamente cinco. La nueva normativa reguladora de este tipo de embarcaciones, endurecida tras la muerte de cinco personas en accidente el año pasado en las costas españolas, es la principal razón de este espectacular descenso, según los arrendadores.

Un simple vistazo a las costas permite observar un mar limpio de estas embarcaciones veloces y ruidosas, algo sorprendente porque su estampa se había convertido en habitual durante la época estival.

El espectacular descenso tiene un culpable: la nueva normativa de regulación de motos acuáticas que el Gobierno sacó en marzo. La legislación es el origen de una controversia entre los arrendadores de motos náuticas y las autoridades marítimas. Los primeros creen que las normas son ahora 'excesivamente duras', mientras que los segundos las consideran 'más seguras'.

El elevado número de accidentes de este tipo de embarcaciones, con cinco víctimas mortales en las costas españolas -una de ellas en Marbella-, que se dieron el pasado año creó cierta alarma en la sociedad. Entonces se genaralizó la opinión de que no había una normativa suficientemente capaz de controlar unas embarcaciones de recreo que se habían multiplicado en los últimos años. A principios de 2002 el censo de motos náuticas en España era de 15.864 unidades, de las que casi 4.000 se encuentran en Andalucía.

A raíz de aquellos accidentes, el Gobierno decidió emplearse con más rotundidad. La nueva normativa exige a los alquileres de motos náuticas la posesión de un circuito cerrado que delimite el recorrido, la presencia de dos monitores titulados, la obligatoriedad de impartir clases teóricas a los clientes antes de usar la moto, la posesión de una plataforma alejada 200 metros de la playa y la reducción de la potencia de las motos hasta los 44 CV.

Para la mayoría de las empresas adaptarse a estos cambios no les resulta rentable. 'Los gastos son muy elevados, no me extraña que tanta gente se haya echado para atrás a la hora de solicitar la autorización', asegura Antonio Cuevas, propietario de un alquiler de motos acuáticas en el hotel Las Dunas, de Estepona (Málaga), uno de los tres que quedan en toda la Costa del Sol. 'Se ha querido atajar la situación de forma demasiado estricta, me parece que se han pasado', explica.

Pero los gastos económicos no son el único problema al que se enfrenta el que quiera tener una autorización, sino también los pesados trámites burocráticos. 'A veces parece una carrera de obstáculos, se nota cierta descoordinación entre la Capitanía y la Dirección de Costas. Si Capitanía te exige, por ejemplo, que debes colocar una plataforma a 200 metros de distancia de la playa, después puedes tener problemas porque Costas se opone a ello', señala al respecto.

Cuevas explica que la plataforma instalada a 200 metros de la playa es uno de los aspectos 'más problemáticos' de la nueva normativa. 'Cada día hay que ponerla y quitarla, porque no puede estar allí por la noche. Para eso necesitas tener también una embarcación que la remolque ¡Cómo si ya no se tuviesen suficientes gastos!'. Otro problema es la ausencia en el mercado del kit que permite reducir la potencia de la moto, tal y como marca la ley. Francisco Hoya reconoce el problema y apunta que 'desde que en marzo se introdujo esta legislación las empresas constructoras de estas motos apenas han tenido tiempo para fabricar el kit de reducción de potencia. Afortunadamente esto ya se está solucionando'.

Lo cierto es que las motos náuticas, por lo menos las de alquiler, han dejado de estar presentes en las costas andaluzas. Ni siquiera se ven ya puestos de alquiler no autorizados o ilegales, frecuentes con la anterior normativa, porque, como dice Cuevas, 'sería una temeridad para el que lo intentase, porque la Guardia Civil está muy encima de este asunto desde el pasado verano y pueden llegar a confiscar las motos' . El precio de estas embarcaciones en el mercado oscila entre entre 6.000 y 12.000 euros, 'mucho dinero', según Cuevas.

Simón López, capitán marítimo de Almería, cree sin embargo que todavía existen puestos ilegales de alquiler de motos náuticas. 'El problema radica en que el usuario que ha alquilado la moto nunca lo dice, y eso que él es el principal perjudicado porque en la mayoría de ocasiones no tiene ni un seguro de accidente que lo ampare', asegura.