La Junta pide al Gobierno una reunión para zanjar este mes las liquidaciones presupuestarias pendientes

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, anunció ayer que el Ejecutivo andaluz ha pedido por escrito al Ministerio de Administraciones Públicas una reunión antes de fin de mes de la Comisión Mixta de Transferencias para 'zanjar definitivamente' la deuda que el Estado mantiene con Andalucía por la negativa del Gobierno a realizar la liquidación de los presupuestos de 1997 a 2001. Zarrías advirtió al PP, a la conclusión del Consejo de Gobierno de la Junta, de la 'cascada de sentencias' similares a la dictada el jueves pasado por la Audiencia Nacional, en la que se admite el recurso del Ejecutivo autonómico contra la liquidación de las cuentas de 1997.

El Consejo de Gobierno acordó además, según explicó ayer Zarrías, solicitar la comparecencia en el Parlamento de Andalucía de la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, en cuanto se inicie el próximo periodo de sesiones, en septiembre, para explicar la sentencia.

El consejero de Presidencia explicó que el Consejo de Gobierno había realizado una 'valoración de la situación jurídica y política' que provoca la sentencia de 4 de julio de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. En lo que respecta al ámbito jurídico, Zarrías dijo que la sentencia 'no deja lugar a dudas' de que el Ministerio de Economía 'vulneró la legalidad'.

En este sentido, Zarrías precisó que 'no hay controversia jurídica' posible, ya que la sentencia considera 'no ajustada a derecho la negativa del Gobierno' a realizar la liquidación definitiva de los ingresos destinados a Andalucía en los presupuestos generales del Estado de aquel ejercicio, por lo que 'está claro que la Junta tenía la razón en todos los extremos del recurso planteado'.

Zarrías recordó que el Gobierno central sólo puede ahora interponer un recuso de casación ante el Tribunal Supremo y advirtió de que una decisión de ese tipo supondría alargar inútilmente el proceso, ya que ese órgano también 'dará la razón a la exigencia de la Junta'. 'Sólo queda esperar una cascada de sentencias dando la razón al Ejecutivo andaluz', aseguró en referencia a otros tantos recursos similares presentados por la administración autonómica acerca de las liquidaciones presupuestarias de 1998 a 2001.

En cuanto a la repercusión política de la sentencia, Zarrías afirmó que la decisión judicial 'desbarata la pretensión del Gobierno del PP de enmascarar sus permanentes discriminaciones con Andalucía, bajo el eslogan de que la Junta busca la confrontación por la confrontación'.

A su juicio, el Gobierno del PP es el que 'ha quebrantado los derechos de los andaluces, privándoles de la financiación que legítimamente les correspondía'. 'El Gobierno central vulneró la ley, negándose a pagar lo que le correspondía a la Junta', remachó Zarrías.

En cuanto al Partido Popular en Andalucía, el consejero de la Junta señaló que 'tiene ante sí una gran responsabilidad histórica y una oportunidad de recuperar una parte de la credibilidad perdida en los años en los que ha avalado la discriminación hacia Andalucía'. 'Ahora no puede lavarse las manos como Pilatos diciendo que la responsabilidad de recurrir es del Gobierno', afirmó Zarrías. 'El PP de Andalucía debe responder si quiere que ese dinero que nos corresponde venga a Andalucía o si prefiere que el Gobierno dilate el pago forzando un absurdo recurso de casación', añadió el político socialista.

Recurso del Ejecutivo

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, aseguró ayer que desconoce si el Ejecutivo va a recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia nacional, informa Europa Press.

Torres Hurtado señaló que desconoce la decisión que va a adoptar el Gobierno porque 'es un tema que lleva el Ministerio de Hacienda'. No obstante, el delegado gubernamental dijo que esa es 'una cuestión menor, de liquidación del presupuesto'. 'Lo más perjudicial para Andalucía fue la decisión partidista de la Junta de no aceptar el modelo de financiación que se propuso en su momento y permitir que la región perdiera miles de millones de pesetas. Se ha demostrado que aquel modelo hubiese tenido unos grandes beneficios para Andalucía', afirmó.