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Vizcaya no encuentra comprador para el parque de atracciones de Artxanda

El Departamento de Hacienda trasladará este asunto a las Juntas Generales vizcaínas

La Diputación de Vizcaya no encuentra comprador para los terrenos del viejo parque de atracciones de Artxanda, en desuso desde hace 12 años. Aunque a finales del pasado año anunció que iba a sacar a subasta las obsoletas instalaciones y las 10 hectáreas de superficie, las gestiones se han paralizado por la falta de interesados. La intención de la Diputación era pedir 2,4 millones de euros por unos terrenos cuyo mantenimiento le cuesta a las arcas forales más de 120.000 euros anuales. El Departamento de Hacienda llevará este asunto próximamente a las Juntas Generales vizcaínas para lograr su visto bueno a la operación.

El parque de atracciones de Artxanda empezó a funcionar en 1974, pero en la siguiente década surgieron los problemas económicos del complejo.

Las pérdidas económicas en Artxanda obligaron a los socios -una empresa privada (44%), la Diputación vizcaína (33%) y las entonces cajas de ahorro de Vizcaya y de Bilbao (22%)- a abordar sucesivas ampliaciones de capital para mantener el complejo de ocio.

El parque ofrecía un circuito de karts, una noria, un auditorio y una piscina, y en su primer temporada llegó a lograr 450.000 visitantes. Esta cifra quedaba, sin embargo, lejos del millón de usuarios calculado anualmente para que fuera viable. Por ello, en 1988, cuando la afluencia cayó a 120.000 usuarios, el negocio entró en una delicada situación financiera y obligó a la Diputación a tomar el control de la empresa concesionaria, Parque de Atracciones de Bizkaia. Se habilitaron nuevas instalaciones, se aumentó la publicidad del parque y se facilitó transporte público para paliar las dificultades de acceso. Estas actuaciones obligaron a una inversión de 586 millones de pesetas (3,5 millones de euros) pero no se logró evitar un déficit de casi 200 millones de pesetas (1,20 millones de euros), que llevó al cierre definitivo del complejo en 1990. El fracaso se atribuyó entonces a las malas comunicaciones con el recinto y las obsoletas atracciones.

En 1991 la Diputación estudió una renovación del complejo con el fin de habilitar un gran parque de ocio, a semejanza de las instalaciones que empezaban a cuajar en España y otros países. Pero la elevada inversión requerida frustró la idea y las principales atracciones terminaron por venderse por poco más de 50 millones de pesetas (300.000 euros). Sólo quedaron la piscina, las pirámides (el símbolo del parque), un destartalado circuito de karts y algunos pocos servicios.

Sangría económica

Estas instalaciones no son gratuitas para la Diputación vizcaína, puesto que el mantenimiento y la vigilancia cuesta 120.000 euros al año. Para evitar esta sangría económica, la Diputación decidió el pasado verano sacar a subasta los terrenos.

La intención inicial era que el suelo, de 10 hectáreas de superficie, saliera a la venta a finales del pasado año. Entonces, en octubre, según afirmaron los responsables forales, había empresarios que mostraron interés en la operación.

Sin embargo, problemas con los límites del municipio de Galdakao paralizaron los trámites y ahora la situación no es tan halagüeña, según aseguró un portavoz del Departamento de Hacienda. No existe ningún interesado en adquirir los terrenos y, ante la opción de que la subasta quede desierta, la Diputación prefiere esperar a que surja alguna oferta. 'No solemos convocar subastas si no vemos posibilidades de que se produzca la venta de la propiedad', añadió el portavoz foral.

De momento, Hacienda está realizando los trámites para trasladar a las Juntas Generales la opción de sacar a subasta el parque y obtener su visto bueno. Posteriormente, se decidiría si se convoca o no la subasta.

En una zona cercana, entre los municipios de Galdakao y Larrabetzu, existe un proyecto en marcha: una empresa construirá un campo de golf para finales del próximo año, con una inversión de 17 millones de euros. Esta instalación ocupará una superficie de 70 hectáreas y prevé la admisión de 2.500 socios, que pagarán 12.000 euros por acción.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de julio de 2002