Los populares inician una campaña de imagen tras las críticas al 'decretazo'

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Sanz, anunció ayer en Cádiz el inicio de una campaña de imagen de su partido para salir al paso de las críticas recibidas por el Gobierno central tras la reforma del antiguo PER y del subsidio de desempleo. El Ejecutivo comenzó la pasada semana el envío de una carta dirigida a los trabajadores eventuales del campo en la que el Inem asegura que seguirán percibiendo las ayudas y que seguirán las obras municipales en el medio rural.

La carta, firmada por la directora general del Inem, demuestra, a juicio de Sanz, 'el compromiso real del Gobierno con los trabajadores del campo' y rompe 'la demagogia del partido socialista'.

Además, el PP presentará mociones en las diputaciones y ayuntamientos que hoy debatirán en sus respectivos plenos una petición al Gobierno para que retire el decreto de reforma laboral. La moción popular estará dirigida a pedir a la Junta el aumento de las partidas destinadas a obras del antiguo PER. Según el PP, el Gobierno andaluz ha reducido su contribución a la financiación de las obras y paga los fondos comprometidos con hasta dos años de retraso.

La campaña del PP se completará con una solicitud para que el Gobierno andaluz retire su decreto de modulación de ayudas agrarias, porque considera que la norma andaluza es incompatible con la que prepara la Unión Europea.

Sanz aseguró que la Junta no tiene competencias para aplicar una medida de esta naturaleza. En el caso de que la Junta no retire su modelo, el PP de Andalucía solicitará al Gobierno central la presentación de un recurso contra el Ejecutivo andaluz.

Por otra parte, el Gobierno sigue sin avanzar si presentará un recurso de casación a la sentencia de la Audiencia Nacional que da la razón a la Junta en su contencioso sobre el anterior modelo de financiación autonómica.

El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, aseguró en Huelva que el Ministerio de Hacienda está estudiando la posibilidad de plantear un recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anula una resolución estatal que omitía la liquidación definitiva de los fondos presupuestados para la comunidad en 1997, 79 millones de euros.

Políticas de empleo

Posada, que insistió en que el Gobierno 'respeta profundamente' cualquier sentencia judicial, le sea o no favorable, puntualizó que hay algunas sentencias con 'doctrinas no coincidentes' con la empleada por la Audiencia Nacional.

Tampoco concretó fechas sobre el traspaso de las políticas activas de empleo a la Junta de Andalucía, pendientes desde 1998.

Según Posada, en estos momentos se están resolviendo las transferencias desde un punto de vista técnico y cuando esté solventada esta situación se convocará a la comisión mixta, se llevará a cabo la transferencia y se aprobará el decreto correspondiente.