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Inversión | CONSULTORIO
Columna
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Credibilidad

Cuando las grandes empresas españolas comenzaban a aplicar de forma más o menos decidida directrices de buen gobierno como las apuntadas en el Código Olivencia (separación de la presidencia y la función ejecutiva, comités independientes de auditoria interna, transparencia en remuneraciones...) se vuelve a desatar la crisis de confianza en las cuentas empresariales a raíz del fiasco de WorldCom.

La base de la desconfianza de los mercados de valores no reside sólo en las dudas sobre la capacidad de las grandes empresas para generar beneficios. Las variables a las que se enfrenta el mercado son múltiples, incluyéndose la valoración que el mismo realiza tanto del riesgo geopolítico como de la situación macroeconómica e incluso de la mayor o menor brillantez de los equipos directivos en el desarrollo de sus funciones.

Sin embargo, en la vertiente de la credibilidad de la gestión, el mercado no dispone aún de ecuación alguna que permita valorar la mayor o menor rectitud de los gestores, y con ésta la probabilidad de que las cuentas reflejen la imagen fiel de la situación patrimonial. Hasta ahora la labor quedaba en manos de los auditores. Empero, la crisis de Enron y la de WorldCom supuso el final de la confianza ciega que el mercado depositaba en su labor, credibilidad que parece difícil que se recupere a corto plazo.

Por tanto, la adaptación de la gestión a las directrices de los códigos de buen gobierno se hace imprescindible. Pero no deberíamos quedarnos sólo en las definidas en el Código Olivencia, claro deudor de las recomendaciones de los informes Hampel y Cadbury del mercado británico. Los sucesos recientes, la trascendencia de las decisiones contables y la relevancia de lo que ocurre en el mercado bursátil sobre el resto de la economía requieren de pasos más ambiciosos. La tan sacralizada creación de valor para el accionista debería permitir también que el inversor no deje solamente su dinero en manos de los directivos, sino que también deposite en ellos su confianza.

Rodrigo Buenaventura e Ignacio de la Viuda son consultores de Administraciones Públicas y AFInet (Grupo Analistas

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