El Supremo de EE UU anula más de 160 condenas a muerte dictadas por los jueces

El Tribunal Supremo de Estados Unidos volvió a adoptar ayer una resolución trascendental sobre la pena de muerte. El pasado jueves declaró inconstitucional la ejecución de discapacitados mentales. Ayer los magistrados, por siete votos contra dos, dictaminaron que las condenas a muerte deben ser decididas por jurados, no por jueces. El Supremo se amparó en la sexta enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho de cualquier persona a ser juzgada por sus iguales. La medida supone la anulación de 168 condenas de cinco Estados en los que deciden los jueces (Arizona, Colorado, Idaho, Montana y Nebraska) y puede afectar a más de 600 penas capitales en otros cuatro Estados donde los jurados acompañan su veredicto con una recomendación de condena, pero son los jueces quienes tienen la última palabra. La sentencia de ayer, de aplicación en todo el país, abolió una ley de Arizona que permite a los jueces dictar condenas a muerte.