'El decretazo del Gobierno central va a quebrar gravemente el dispositivo del Infoca'

Pregunta. Acaba de presentar el plan Infoca. En los últimos años se ha reducido sensiblemente la superficie quemada, ¿hay margen de mejora?

Respuesta. En la extinción hemos alcanzado un techo técnico. Hay que reforzar la prevención, y por eso hemos llevado la silvicultura preventiva a un mayor número de hectáreas. Y también la comunicación: en la inmensa mayoría de los incendios interviene la mano del hombre. La única forma de atajar eso es la concienciación ciudadana. Pero mi preocupación ahora es que el decretazo del Gobierno central va a quebrar gravemente el dispositivo del Infoca en Andalucía; muchos trabajadores tienen contratos de fijo-discontinuo y verán recortados sus derechos. El sistema del Gobierno es contratar a personas durante tres meses para la extinción y luego licitar mediante concurso la prevención. Aquí, las mismas personas cubren ocho meses de trabajo. Proceden de los espacios protegidos y para ellos el Infoca es un instrumento de desarrollo.

'Los Verdes no marcan la política ambiental de la Junta. Ni muchísimo menos'

'En los subdesiertos de Almería plantearemos un parque nacional con caza controlada'

P. El dictamen parlamentario sobre fiscalidad ecológica deja ahora la pelota en su terreno.

R. Vamos a delimitar, junto a la Consejería de Economía, qué tipo de impuesto es el idóneo para aplicar una fiscalidad verde. A mí, me ha llamado la atención la postura del PP, de un cinismo extraordinario: el Ministerio de Medio Ambiente cobra una tasa por vertidos a los ríos desde hace años. ¡Y eso es una tasa ambiental!. No entiendo esa oposición frontal a la fiscalidad verde. Lo que vamos a hacer ahora, siguiendo el dictamen, es ampliar el abanico de sectores contaminantes a los que aplicar impuestos. La fiscalidad ecológica no sólo está para recaudar fondos; la idea es promover procesos menos contaminantes.

P. El dictamen avisa de la dificultad de una fiscalidad autonómica, cuando la mayor parte de los impuestos posibles son de ámbito municipal.

R. Hay fórmulas, se trata de encontrar la idónea. Las tasas de basura, por ejemplo, las cobran los Ayuntamientos; y al mismo tiempo, el Ministerio de Medio Ambiente promueve una tasa que gravaría más a familias que generan más residuos.

P. El PA, socio de gobierno, aceptó finalmente el dictamen, pero antes abanderó la oposición del sector turístico...

R. Tuvimos algunas conversación con los representantes del sector turístico de la Costa Sol. Lo que les preocupaba era que se trasladara aquí el modelo balear de ecotasa. Una vez que se les explicó que eso no iba a ser así, no se opusieron a que el turismo forme parte de un elenco de sectores susceptible de recibir fiscalidad ambiental.

P. ¿Y van a consultar a la Consejería de Turismo en la definición de esa fiscalidad?

R. Se va a seguir el proceso administrativo habitual, que incluye el pronunciamiento de las Consejerías afectadas.

P. Los Verdes han tenido una participación notable en el dictamen, así como en otros asuntos medioambientales ¿está marcando la política de la Junta?

R. Una cosa es que haya compromisos entre el PSOE y Los Verdes, y otra cosa es que la política medioambiental de la Junta la marquen Los Verdes. Ni muchísimo menos. Sólo ha habido dos asuntos en los que han sido muy beligerantes: la fiscalidad ambiental y el plan energético. Añadiría un tercero, en el que estamos trabajando muy bien con ellos: la puesta en marcha de una estrategia andaluza para el cambio climático. España ha firmado el protocolo de Kyoto pero no ha puesto en marcha ninguna medida que trate de frenar la emisión de gases de efecto invernadero. Queremos, en el marco de nuestras competencias, controlar los niveles de emisión con el fin de cumplir Kyoto. Vamos a pedir que el Gobierno regionalice las cuotas, para conocer nuestro nivel de emisiones.

P. El ministro de Medio Ambiente la ha convocado para una conferencia sectorial el día de la huelga general, ¿acudirá?

R. Las intenciones del ministro son aviesas. Pero debo estar, se van a tocar dos temas que interesan mucho a Andalucía: los fondos europeos y el pacto andaluz por el lince, que curiosamente han incluido cuando todavía no sabemos si van a participar. En cuanto a los fondos europeos para regeneración del entorno natural, estoy preocupada porque el Gobierno apenas ha ejecutado un 3%.

P. Y respecto al pacto andaluz por el lince, ¿qué espera?

R. Hubo un primer acuerdo para el plan de cría en cautividad: hay designado un responsable, el director del zoológico de Jerez; sólo falta que el Ministerio ponga el dinero.

P. En marzo, murieron cuatro linces en el entorno de Doñana y usted encargó que investigaran las causas, ¿algún avance?

R. Aún estamos a la espera de que el Parque Nacional nos remita los resultados de las necropsias.

P. ¿Por qué no cerraron la pista de Villamanrique si no tenía las medidas correctoras para evitar atropellos de linces?

R. Apostamos por el diálogo.Conseguimos que la junta rectora del parque natural se pronuncie a favor de establecer esas medidas con el voto a favor de todos los ayuntamientos.

P. ¿Los subdesiertos de Almería se convertirán en parque nacional pronto?

R. Ya hay un primer borrador; va a ser un parque poco habitado, sin demasiados conflictos: el mayor problema es que la ley prohíbe la caza en los parques nacionales y tradicionalmente ha habido actividad cinegética, sobre todo de caza menor, que, seguramente, ha sido uno de los factores que han ayudado a la conservación de esta zona. La idea de la Consejería es ser valiente y plantear en esta legislatura un parque nacional donde se pueda hacer una caza controlada; hay precedentes en Picos de Europa y Cabañeros.

P. El programa Ciudad 21, que han suscrito más de un centenar de Ayuntamientos, ¿es sólo una declaración de buenas intenciones?

R. No, es bastante más. Los Ayuntamientos que han suscrito el programa van a verse privilegiados por las inversiones de la Consejería de Medio Ambiente. Lo que nos interesa es que nuestros fondos vayan a Ayuntamientos que hayan demostrado su voluntad de conservar la naturaleza. Ahora estamos en la fase de diagnóstico para conocer cuáles son sus carencias, pero el año que viene habrá una partida específica de inversiones.

P. Científicos muy implicados en la restauración del Guadiamar no entienden que hayan dado el visto bueno a una mina en Gerena, a unos kilómetros de Aznalcóllar

R. La declaración de impacto ambiental es estrictamente técnica, ni política ni social. El resultado ha sido favorable, pero la declaración tiene 28 condicionantes; el principal problema puede ser hidrológico, pero no es nuestra competencia, sino de la Confederación del Guadalquivir, y no nos pronunciamos. Pero no todas las minas son iguales; ésta no va a generar lodos, no va a tener embalses. Es totalmente distinta.