Los vecinos creen ahora que la iglesia de Fuencarral es legalizable

Los dos vecinos que interpusieron en 1990 una demanda contra la iglesia Nuestra Señora de las Fuentes (Fuencarral) porque había sido levantada a sólo siete metros de sus casas consideran ahora -tras ser indemnizados por el arzobispado- que este templo puede legalizarse.

Ambos vecinos, María Teresa M. y Abdón R., se habían pasado 12 años pleiteando en el Tribunal Superior para conseguir que se derribase una parte del templo. De hecho, tras sucesivos recursos, la orden de demolición tenía ya fecha de ejecución fija: el próximo lunes, día 17; pero ésta ha quedado ahora en suspenso tras llegar los litigantes a un acuerdo con el arzobispado, que ha pagado más de 270.000 euros a cada uno.

A cambio, los demandantes no sólo desisten de sus propósitos, sino que en el escrito enviado al juzgado afirman que 'es posible una solución urbanística compatible con la legalidad', según el auto que suspende la demolición. Hasta ahora, los dos litigantes consideraban inaceptable que la iglesia, en la calle de Villa de Marín, 41-43, estuviese a tan sólo siete metros de sus casas -la distancia mínima, según la normativa, es de 12,6 metros-. Su cambio de opinión da vía libre a la legalización de la iglesia, según Urbanismo.

Tras el escrito enviado por los dos vecinos al Tribunal Superior de Justicia, el arzobispado se ha dirigido al juez solicitándole que declare nulas las actuaciones solicitadas por los litigantes desde el 4 de abril de 2000, y que 'el Ayuntamiento de Madrid regularice la supuesta irregularidad existente'. El arzobispado alude a esa fecha concreta porque el 23 de marzo de ese año el pleno municipal aprobó una modificación puntual del plan general para legalizar la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes.

Pero ese intento por parte del gobierno municipal de atender las peticiones de la Iglesia se quedó en el camino tras un auto del Tribunal que consideró 'nulo de pleno derecho' el acuerdo del pleno. El juzgado, además, abrió diligencias penales a los 23 ediles (21 del PP y dos de IU) que apoyaron el cambio del plan por presunto delito de prevaricación.

Sin embargo, Luis Armada, gerente municipal de Urbanismo, afirmó ayer que el acuerdo entre el arzobispado y los vecinos abre el camino a la legalización. 'El estudio de detalle está aprobado inicialmente. Salió a información pública y no se presentaron alegaciones. Si el juzgado lo autoriza, la situación de la iglesia es legalizable en muy poco tiempo', concluye Armada.