El informe destaca que el ex presidente cometió una actuación fraudulenta que quiso revestir de legalidad
La propuesta de resolución del juez instructor rechaza todas las alegaciones formuladas por Isidoro Beneroso, algunas de ellas bastante peculiares, como una que señala que ha habido 'desviación de poder' ya que el objetivo real de la Consejería de Economía, con la sanción, era que no pudiese ser elegido de nuevo miembro del Consejo de Administración de El Monte.
Sin embargo, en opinión del instructor, ha habido 'una actuación fraudulenta' de Beneroso al no facilitar los datos reclamados por Economía y evitar de esta manera la función de control que le corresponde a este departamento en virtud de la Ley de Cajas (artículo 4).
Sobre la supuesta desviación de poder, el informe del instructor subraya que 'no se constata que por la Consejería de Economía y Hacienda se haya ejercido la potestad sancionadora con un fin distinto al que con el ejercicio de la misma persigue, cual es la protección de los intereses públicos, el restablecimiento del orden jurídico infringido y determinar (...) las consecuencias legales que se derivan sobre los infractores por mor de dicha transgresión'. En la desviación de poder, Beneroso alegó que el PSOE dijo que él 'tenía los días contados por haber actuado contra la disciplina del partido'. El informe del instructor desdeña esta teoría y dice que no dejan de ser 'meras suposiciones, sospechas o conjeturas' que no justifican la desviación de poder.
El informe explica que Beneroso incumplió 'deliberadamente la petición' de Economía e impidió 'el control del proceso electoral' que le corresponde al departamento dirigido por Magdalena Álvarez. 'No se entiende que sea el presidente de la entidad, órgano máximo de representación de la misma, el que cuestione el ejercicio legítimo de las competencias de la Consejería de Economía y le impute la comisión de un ilícito administrativo (desviación de poder) para dar cobertura a su conducta elusiva'.
Todo ello lleva al instructor a concluir que ha habido 'fraude de ley' por no entregar las listas reclamadas por Economía. La propuesta de resolución censura la actitud del entonces Consejo de Administración de El Monte, pero centra sus críticas en Beneroso, de quien dice que en su cargo de presidente estaba 'en posición de garante de los principios que precisamente con su acción vino a conculcar'. En este sentido, destaca que su invocación a la Ley de Protección de Datos pretendía 'dar apariencia de legalidad a su actuación'.
