¿Mejor o peor?

Ante la reforma laboral del Gobierno de Aznar, nos encontramos de nuevo ante una situación en la que a muchos ciudadanos les gustaría tener más y mejores criterios para analizar, juzgar y tener una opinión razonada

Ante la reforma laboral del Gobierno de Aznar, nos encontramos de nuevo ante una situación en la que a muchos ciudadanos les gustaría tener más y mejores criterios para analizar, juzgar y tener una opinión razonada.

La economía nos obliga continuamente a hacernos preguntas, a tener opinión, a tomar decisiones, y origina numerosas controversias y debates. ¿Es buena o mala una situación económica determinada? ¿Sería posible una alternativa? ¿Qué alternativa es mejor o peor?

Todos los ciudadanos debemos tomar desde pequeñas a grandes decisiones con implicaciones económicas. Pan o bollería para nuestro desayuno y el de nuestros hijos, transporte público o privado para los desplazamientos, cajas o bancos para rentabilizar los ahorros (cuando existen), escuela pública o privada, vivienda de propiedad o de alquiler, participar o no en los procesos electorales (gubernamentales o sindicales), decidir qué propuesta política o sindical preferimos, etcétera. Nos gusta también tener opinión razonada sobre numerosos acontecimientos aunque no nos conciernan directamente, al menos por el momento. Y situaciones, propuestas y alternativas económicas son objeto de numerosas y a veces fuertes controversias y debates en casa, entre amigos, en los lugares de trabajo y, por descontado, entre economistas.

¿Por qué continuamente nos encontramos ante disyuntivas? ¿Cómo decidir qué propuesta o qué alternativa es la mejor? Existen disyuntivas porque en economía existen distintos enfoques teóricos que se basan inevitablemente en unos valores. Es la diversidad de valores y teorías que origina, de forma más o menos consciente, la disparidad de opiniones y de propuestas y las controversias. Y es a partir de la asunción consciente de un enfoque teórico y de sus valores como podemos formular opiniones razonadas respecto a los procesos económicos y juzgar qué propuesta o alternativa es mejor o peor.

Samuel Bowles y Richard Edwards (Introducción a la economía: Competencia, autoritarismo y cambio en las economías capitalistas) proponen la eficiencia, la justicia y la democracia, valores que subyacen en el enfoque analítico de la economía política, para juzgar qué procesos, resultados o propuestas económicas son mejores o peores.

Para estos autores hay eficiencia cuando se consigue la mejor utilización de los recursos existentes (incluido el medio ambiente) evitando el despilfarro. La justicia es sinónimo de equidad, de mayor igualdad en la distribución de la renta y en las oportunidades de las personas. La democracia la refieren a la participación de la población en la toma de decisiones económicas básicas y en el control del proceso de producción respecto a las cuestiones que la atañen.

¿Qué ocurre si examinamos la reforma de las prestaciones por desempleo del Gobierno de Aznar de acuerdo con los tres valores propuestos por Bowles y Edwards? ¿Consigue aumentar la eficiencia, la justicia y la democracia? ¿Con la reforma, la economía y la sociedad serán mejores o peores?

Desde el punto de vista de la eficiencia, el aumento de las dificultades de obtener las prestaciones de paro y el miedo a perderlas (se reducirán en las dos primeras negativas a una oferta de trabajo del Inem y se perderán a la tercera negativa) pueden incitar a los parados que reciben prestaciones (el 40% de los parados inscritos en el Inem) a la búsqueda y aceptación de las ofertas de ocupación existentes, reduciendo así el paro y, con ello, el derroche del factor trabajo. Pero estas medidas pueden tener, a su vez, graves efectos negativos sobre la eficiencia. ¿Por qué? Obligarán a los parados a aceptar, para poder subsistir, ocupaciones que no se correspondan a sus conocimientos. Dadas las características de nuestro mercado de trabajo, fomentarán la contratación temporal, muy arraigada en el mundo empresarial de nuestro país (representa el 31,2% del total de la ocupación en la actualidad), y con ello el aumento del malestar, de la falta de motiva

ción, de la siniestralidad, de la falta de formación. Impulsarán también los contratos a tiempo parcial (ahora el 8% del total) aupados por el gobierno, que comportan reducción de horas trabajadas y de salarios, y lógicamente de formación. Ocasionarán, en definitiva, disminución de horas trabajadas y de conocimientos, falta de motivación de muchos trabajadores, malestar social, pérdidas humanas parciales o totales, es decir, pérdidas de eficiencia. Pérdidas de eficiencia que afectarán negativamente tanto a la productividad como a la competitividad y como consecuencia a la creación de ocupación a corto y, sobre todo, a medio plazo. Los últimos informes sobre la evolución de la coyuntura y sobre el desarrollo de la economía española muestran ya estas tendencias.

La reforma tendrá efectos negativos sobre la justicia, ya que las 'las ofertas adecuadas de empleo' comportarán, en muchos casos, ingresos inferiores a los recibidos en el último trabajo o a la prestación a la que el parado tiene derecho legalmente, y también menores oportunidades. La supresión de los salarios de tramitación (excepto en los pocos casos de despidos improcedentes readmitidos) y la reforma adoptada del subsidio especial agrario abundan en la misma dirección.

Tanto el proceso de elaboración como el de aprobación vía real decreto ley de la reforma nos alejan del sistema de negociación y pacto entre el Ejecutivo y los agentes sociales respecto a cuestiones laborales. Sobre su contenido, diremos simplemente que el tipo de contratos que presumiblemente va a impulsar frenarán la sindicación de los trabajadores y con ello su participación.

La conclusión a que se llega, de acuerdo con los criterios expuestos, es que la reforma no sólo no mejorará, sino que empeorará la situación económica y social de nuestro país.

ción, de la siniestralidad, de la falta de formación. Impulsarán también los contratos a tiempo parcial (ahora el 8% del total) aupados por el gobierno, que comportan reducción de horas trabajadas y de salarios, y lógicamente de formación. Ocasionarán, en definitiva, disminución de horas trabajadas y de conocimientos, falta de motivación de muchos trabajadores, malestar social, pérdidas humanas parciales o totales, es decir, pérdidas de eficiencia. Pérdidas de eficiencia que afectarán negativamente tanto a la productividad como a la competitividad y como consecuencia a la creación de ocupación a corto y, sobre todo, a medio plazo. Los últimos informes sobre la evolución de la coyuntura y sobre el desarrollo de la economía española muestran ya estas tendencias.

La reforma tendrá efectos negativos sobre la justicia, ya que las 'las ofertas adecuadas de empleo' comportarán, en muchos casos, ingresos inferiores a los recibidos en el último trabajo o a la prestación a la que el parado tiene derecho legalmente, y también menores oportunidades. La supresión de los salarios de tramitación (excepto en los pocos casos de despidos improcedentes readmitidos) y la reforma adoptada del subsidio especial agrario abundan en la misma dirección.

Tanto el proceso de elaboración como el de aprobación vía real decreto ley de la reforma nos alejan del sistema de negociación y pacto entre el Ejecutivo y los agentes sociales respecto a cuestiones laborales. Sobre su contenido, diremos simplemente que el tipo de contratos que presumiblemente va a impulsar frenarán la sindicación de los trabajadores y con ello su participación.

La conclusión a que se llega, de acuerdo con los criterios expuestos, es que la reforma no sólo no mejorará, sino que empeorará la situación económica y social de nuestro país.

Carme Massana es profesora de Política Económica de la UB

Carme Massana es profesora de Política Económica de la UB