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COLUMNA

Matices tardíos

La huelga general es un hecho. Lo es también el decreto-ley, y anda todo patas arriba y como fuera de quicio. ¿Por qué no ha cuajado el diálogo? La conjetura más a mano es que el Gobierno pensó que Fidalgo, secretario de CC OO, se desmarcaría de UGT. Y creyéndose en posición segura, impostó la voz en un registro más bien alto. El diablo, y los propios sindicatos, liaron el resto. De hecho, no está claro todavía qué querían los sindicatos. Cuando uno desea algo concreto, da señales, aunque oblicuas, de que lo desea. Pero los sindicatos no parecían, realmente, por la labor. Ya en 2000, antes de constituido el Gobierno, había esgrimido Cándido Méndez la amenaza de huelga general, a propósito entonces de la alta siniestralidad laboral. El caso, en fin, es que se han roto las cañerías, y que se anegarán los caminos. Pena.

El decreto ha sido unánimemente interpretado como una respuesta intempestiva a una huelga intempestiva. En política también, el medio es el mensaje, y las cosas terminan por adquirir el valor que la gente quiere darles. Ello aceptado, urge recordar ciertos extremos. Uno: el decreto-ley constituye, de facto, la manera habitual de abordar las reformas del subsidio. Desde el 93 acá han salido nueve decretos-ley sobre temas laborales (tres de ellos, con los socialistas). Dos: habiendo naufragado la esperanza de pactar, no es arbitrario -aunque pueda ser incorrecto- acelerar la ejecución de lo legislado. Tres: como se respeta el PER a los que ya lo tienen, abrir un espacio de meses hasta que las medidas entren en vigor resultaría arriesgado. Muchas personas podrían apuntarse al PER como quien salta a la plataforma de un tranvía en marcha. Máxime no habiendo ambiente de consenso entre las fuerzas sociales.

¿Es bueno el plan de reforma del subsidio? Me limitaré a explicar por qué no era buena la situación anterior. Se ha afirmado, por ejemplo, que habría sido mejor aplicar con rigor la ley precedente. Pues no. Con arreglo a la ley desplazada, se perdía el subsidio al primer rechazo de oferta de empleo. Ahora se gradúa el castigo. La ley evitaba fricciones, precisamente en la medida en que no se aplicaba. Si alguien entiende que ésta es una situación deseable... que levante la mano. Vuelvo a la huelga. Las huelgas generales son impecablemente constitucionales. Sin embargo, no me gustan, por dos motivos. El primero está relacionado con el ethos de la huelga general. En teoría, las huelgas generales defienden intereses generales. Pero esto no es así. Los intereses de los beneficiarios del PER no coinciden con los del contribuyente; ni los del subsidiado que agota el subsidio pudiendo colocarse antes (un porcentaje estimable), están en sintonía con los del empleado -y el empresario- que sufraga el subsidio. Me gustarían más las huelgas generales si se presentaran como lo que son: medidas de fuerza legítimamente enderezadas a proteger la posición de colectivos concretos.

Mi segundo reparo es de índole democrática. Sería absurdo esperar que los sindicatos no empleen la coacción cuando se convoca una huelga. La razón no es que los sindicatos sean malos, sino que es imposible detraer a la gente del trabajo sin torcer muñecas. El argumento más asentado proviene, miren ustedes por dónde, de la economía neoclásica: el trabajador estándar, aunque simpatice con la causa, tenderá a desplazar el coste de la huelga -un día sin paga- a sus colegas, y a acudir al trabajo. Los piquetes, por tanto, son inevitables. Esto, de entrada. Las huelgas generales, de añadidura, integran pulsos políticos con un Gobierno. Cuando salen bien, como en el 88, el éxito se usa como se usan los votos. Pero mientras los votos son voluntarios, las ausencias del trabajo no lo son por fuerza. ¿Resultado? Que las huelgas generales alteran la política nacional sin que se pueda establecer una correspondencia mínimamente fiable entre las reivindicaciones que defienden, y el número de personas que las apoyan. Cabe replicar que los partidos tampoco representan al votante. Se trata, sin embargo, de una réplica peligrosa. De aquí a recusar la democracia media sólo un paso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de junio de 2002