Policías y vecinos de La Punta se enfrentan a diario ante las excavadoras

Desde hace 50 días la escena se repite a diario. O por lo menos todos los laborables. Los operarios y las máquinas que intentan construir el nuevo acceso ferroviario al puerto de Valencia sobre la huertas de La Punta se topan con los propietarios de los terrenos afectados, organizados para protestar por unas obras que consideran ilegales. La policía llega y, un día tras otro, identifica a los vecinos. Estos critican que se les denuncie a diario por coacciones mientras las máquinas trabajan 'impunemente'. 'Es ridículo que la policía haga a diario de notario de que no les dejamos trabajar', critican desde la Asociación de Vecinos La Unificadora de La Punta, que desde hace años batalla contra la destrucción de 70 hectáreas de huerta que causará este proyecto y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto.

Carmen González, presidenta de la asociación vecinal, explicó ayer que la obra no cuenta con una declaración de impacto ambiental y que los terrenos siguen siendo suelo no urbanizable de especial protección ya que el Ayuntamiento de Valencia todavía no ha modificado el plan general en la zona de las obras. También aseguran que el proyecto definitivo nunca ha sido expuesto a información pública. 'Un ministerio, o la secretaria de un ministerio, no se puede saltar a la torera la ley de procedimientos administrativos', denunció González. Los vecinos creen que las máquinas invaden sus terrenos porque todavía no han sido expropiados.

La asociación también cuestiona al delegado del Gobierno, Francisco Camps, que en una reunión informal les prometió, según aseguran, el fin de la actitud 'hostil' de la policía. 'Nos tratan como delincuentes', denuncian, 'todos los días'.

Mientras, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) licitó ayer la demolición de las casas de La Punta afectadas por la ZAL por 525.000 euros (87 millones de pesetas).