El consumidor tenaz

'Lo que es mío es mío, y nadie tiene por qué quitármelo', dice sencillamente Francisco Martínez Claus, un vecino cordobés que ha conseguido, tras dos años de batallas, derrotar a Gas Andalucía; ha obligado a la compañía a devolverle los 3,61 euros de más que le cobró en la factura de junio de 2000. Y es sólo el principio, porque ahora se dispone a reclamar sobre el resto de las facturas, hasta la del mes pasado, y anima a los demás consumidores a hacer lo mismo. 'Porque no son sólo mis 3,61 euros', advierte, 'estamos hablando de cerca de un millón de euros en toda Andalucía'.

Todo empezó un día de verano en el que Francisco Martínez, mirando la factura de Gas Andalucía, descubrió que incluía 3,61 euros en concepto de 'cuota de uso de instalación comunitaria'. Se dirigió a la compañía para preguntar qué le estaban cobrando exactamente. Y le contestaron que se trataba de los gastos de mantenimiento de unas conducciones situadas en su vivienda. Martínez se leyó de cabo a rabo el contrato que había firmado con Gas Andalucía y encontró un párrafo en el que se estipulaba que cualquier gasto de mantenimiento correría por cuenta del cliente. 'Me estaban haciendo pagar un servicio que ni me prestaban ni me iban a prestar', resume.

Así que decidió reclamar. Acudió a la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), que tramitó su queja. Y como Gas Andalucía no contestó, y se trata de una empresa adherida a arbitraje de consumo (lo que quiere decir que se ha comprometido a tratar de dirimir los conflictos por esta vía de diálogo antes de acudir a los tribunales), se dictó un laudo que daba la razón a Francisco Martínez. En la resolución se manifestaba que esos 3,61 euros se cobraban indebidamente y que la empresa debía reintegrárselos, junto con los intereses (que ascendían a siete euros más).

La compañía no pagó. Es más, impugnó el laudo ante la Audiencia Provincial. El juez volvió a dar la razón a Martínez y condenó a Gas Andalucía a devolver el dinero al consumidor y a hacerse cargo de las costas del proceso. Como la empresa siguió sin pagar, Francisco Martínez tomó un abogado y acudió al Juzgado, que dictó el embargo. 'Era por bienes', explica este tenaz consumidor. 'Entramos en la sede de la empresa; yo me iba a llevar el ordenador del director. Pero al final se avinieron a razones y pagaron'.

'Lo que quiero es defender mis principios', razona Francisco. 'Que sepa la compañía que un simple usuario puede ejercer sus derechos. Ellos pueden gastarse mis 3,61 euros en la Bolsa, o en juergas, pero a mí me hacen falta para la cesta de la compra'.

A los 39 años, Francisco es pensionista. Antes trabajaba como jefe de sucursal en un supermercado, pero tuvo un accidente laboral que le obligó a retirarse. 'Tengo dos hijos. Y con esos 3,61 euros les compro cuatro litros de leche', concluye.