Militantes del PP de Córdoba llaman a la 'desobediencia civil' contra la dirección nacional

Miembros del comité ejecutivo y de la junta provincial del PP de Córdoba, destituidos el 13 de mayo por la dirección regional popular, han elaborado un manifiesto en el que muestran su rechazo 'a la autoridad ética y moral de los dirigentes nacionales y regionales que han intervenido en la crisis', y añaden: 'Nos situamos en una posición de desobediencia civil ante el atropello que contra las libertades se ha cometido'. En el manifiesto, Por la restitución democrática de Enrique Bellido y la junta directiva provincial del PP en Córdoba, estos ex cargos orgánicos señalan que no reconocen 'la autoridad de la comisión gestora'.

El documento fue presentado ayer en Córdoba por Adela Santiago, Javier Tafur, Pilar Sarazá, Isidro Salado y María Emilia Carrasco, todos ellos cargos orgánicos del PP cordobés cuando Bellido dirigía esta organización. Poco tiempo después de dar a conocer el texto, estos militantes se dirigieron a la notaría de Carlos Alburquerque para requerir a la dirección andaluza del PP que notifique, en el plazo de 48 horas, la decisión adoptada en el comité ejecutivo regional del 13 de mayo, en relación a la destitución de la junta directiva provincial de la formación, y para que comunique los fundamentos de hecho y de derecho en los que ese órgano ejecutivo regional se basó para adoptar esa resolución.

Los cinco representantes de esta plataforma fueron especialmente críticos con la situación por la que atraviesa el PP de Córdoba y no descartaron que a partir de ahora se produzcan enfrentamientos. 'Enfrentamientos debe haber, y los habrá entre los militantes y las 42 personas' que firmaron el documento crítico contra Bellido que dio origen a la crisis, firmado por cargos públicos de la formación.

En el manifiesto se expresa la 'profunda repulsa al papel que han venido jugando en esta crisis representantes institucionales', como el portavoz en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Merino; la portavoz en la Diputación, María Jesús Botella; el europarlamentario Juan Ojeda, y el portavoz adjunto en el Parlamento de Andalucía, Salvador Fuentes, 'instigadores de una situación que irresponsablemente va a causar daños irreparables a nivel político, electoral, orgánico, social y personal'.

Pilar Sarazá, ex vicesecretaria de Organización Sectorial del PP de Córdoba, fue más allá cuando responsabilizó de todo lo ocurrido al europarlamentario Juan Ojeda. A este respecto dijo que este colectivo no pretende atacar al PP, sino defenderlo, pero matizó que 'sí estamos atacando a personas que para nada han beneficiado al PP, y me estoy refiriendo a Juan Ojeda', del que dijo que es un 'elemento oscuro' del que el partido debe desprenderse. 'Tenemos que limpiar el partido de personas como Juan Ojeda, que no representan a nadie', añadió Sarazá.

En el documento se lamenta igualmente del papel jugado en esta crisis por los secretarios nacional y regional del PP, Javier Arenas y Antonio Sanz, respectivamente, a los que responsabilizan de la situación por no haber dado su apoyo desde el principio a la junta directiva provincial que surgió tras el congreso que Bellido ganó en septiembre de 2000.

El objetivo de esta plataforma es 'restablecer la legitimidad estatutaria en el PP de Córdoba' y por ello anuncian que no reconocen la autoridad de la comisión gestora porque 'ni representa a las bases del PP ni sus integrantes gozan de los criterios de legitimidad, pluralidad e idoneidad que los hagan representativos'. Anuncia, además, que concurrirán al congreso extraordinario que se convoque. Para este colectivo, la gestora 'no sólo rompe con la línea de trabajo emprendida tras el congreso de septiembre, sino que representa una injerencia injustificable en el orden interno y la autonomía del PP cordobés', situación que, 'pueden derivar graves efectos políticos y electorales'.

El presidente de la gestora del PP de Córdoba, Luis Martín, no quiso referirse ayer al contenido del manifiesto.