Más de 1.100 personas que proteger
Tras repartirse ambos gobiernos al 50% los servicios de escolta a los amenazados, en noviembre de 2000, el Departamento de Interior comenzó a derivar hacia las empresas de seguridad privada buena parte de su responsabilidad ante la 'imposibilidad' de destinar mas ertzainas a estas tareas. El consejero Balza calificó entonces la situación del cuerpo de 'insostenible'. Esta situación se arrastra aún, ya que, según las previsiones del propio Balza, la Ertzaintza necesita otros 500 agentes (con la nueva promoción alcanzarán los 7.500) para situar a la policía vasca en un nivel 'óptimo'. Un mes antes de aquel acuerdo, el 3 de octubre de 2000, el Ejecutivo vasco había aprobado ya una partida de 1.800 millones de pesetas para financiar el plan de seguridad privada: 200 millones para lo que restaba de año y 800 millones para los dos siguientes ejercicios (2001 y 2002).
Lo cierto es que la ofensiva de ETA ha abierto al máximo el colectivo de amenazados, sobre todo tras el asesinato del primer edil socialista, Froilán Elespe, el 20 de marzo de 2001, y el del primer juez vasco, José María Lidón, el 7 de noviembre de 2001. Ambos atentados multiplicaron el número de personas a escoltar, que suma ya más de 1.100, y produjo una doble avalancha de necesidad de escoltas privados, que las empresas a duras penas pudieron cubrir y en algunos casos 'sin cumplir los requisitos legales', según denuncian las asociaciones de escoltas.
Sólo en 2001 las previsiones saltaron por los aires y la partida creció hasta llegar casi a los 5.000 millones de pesetas. Este año la cifra puede superar los 8.000 millones, según Balza. Mientras, el ministro Rajoy ha cifrado el gasto en escoltas privados del Gobierno central en 11.000 millones de pesetas.
