Las instituciones ofrecen 60 millones por la desaladora de la Costa del Sol

Cinco años después de la inauguración de la desaladora que Jesús Gil mandó construir cuando fue presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, esta institución, la Junta y el Gobierno intentan llegar a un acuerdo con Endesa para establecer el precio de la planta y una fórmula de pago. Las instituciones ofrecen pagar 60 millones de euros, pero la compañía que representa a la unión de empresas que construyó la desaladora reclama una cantidad que está por encima de 90 millones, según fuentes de la Mancomunidad. Podría cerrarse un acuerdo por una cifra intermedia, pero todavía faltaría definir el papel de cada administración.

El Gobierno, después de varias negativas autorizó en noviembre de 2000 al Ministerio de Medio Ambiente negociar la compra de la planta. Este departamento ha encargado esa gestión a la empresa pública Aguas de la Cuenca del Sur (Acusur), dependiente de la Confederación Hidrográfica del Sur. La desaladora tiene capacidad para generar 16 hectómetros cúbicos de agua al año -entre el 20% y el 25% del consumo anual de toda la Costa del Sol-, pero nunca ha entrado en funcionamiento.

Fuentes del Partido Popular indican que 'Endesa tiene apuntado en sus libros 18.000 millones de pesetas [108,18 millones de euros] entre el precio de construcción y los intereses'. Antonio Rodríguez Leal (PSOE), vicepresidente de la Mancomunidad y consejero delegado de Acosol, afirma que 'en contrato se pactaron unos intereses de demora abusivos, del 12,9%, que no estamos dispuestos a asumir; nosotros estamos ofreciendo el mibor más el 0,25% y Endesa parece que aceptaría el mibor+1%'.

Muchos intermediarios

En todo caso, hay tres capítulos sobre los que los negociadores tienen que ponerse de acuerdo: la inversión en la obra, los gastos de mantenimiento y los intereses. Sobre la inversión, 'Endesa la valora en 54 millones, mientras el Estado cifra el coste en 41 millones', afirma Rodríguez Leal. Sobre el coste de mantenimiento también hay diferencias importantes: 'Estamos dispuestos a aceptar una cifra que oscile entre 1,2 y 1,7 millones de euros al año, pero ellos nos están reclamando 3,3', añade el vicepresidente de la Mancomunidad.

Otro asunto a resolver es la aportación de cada administración. El Gobierno pondría 40 millones de euros, 'pero reclama la devolución posterior de 10 millones por la intermediación de Acusur en el funcionamiento de la desaladora', declara Rodríguez. La Junta libraría 9 millones, como una contribución al abastecimiento y el resto tendría que aportarlo la Mancomunidad, subiendo los precios del agua. El consejero delegado de Acosol subraya que 'en este asunto están apareciendo excesivos abogados, intermediarios y comisionistas'. La fórmula jurídica que se busca es que Acusur compre la planta. No está decidida la gestión porterior.