Cultura anuncia que derribará la restauración del Teatro Romano sin aclarar cómo y cuándo

La Generalitat valenciana derribará toda la 'obra nueva' reversible de la restauración del Teatro Romano de Sagunto que proyectaron los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli. Lo anunció ayer la subsecretaria de la Consejería de Cultura, Carmina Nácher, quien aseguró que se retirará el revestimiento de las gradas y se derribará el gran escenario en acatamiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia ratificada por el Supremo. Nácher, no obstante, señaló que se creará una comisión para estudiar la manera en que se revertirá la obra, lo que determinará los plazos y el coste de la misma.

La subsecretaria de la Consejería de Cultura compareció ayer en solitario, sin ningún técnico a su lado, para explicar la decisión de la Generalitat sobre una de las cuestiones más espinosas y polémicas que han protagonizado la política valenciana. De hecho, Presidencia ha intervenido en su futura resolución, aunque ayer sólo respondió Nácher.

Tras repasar los informes encargados ex profeso, la subsecretaria afirmó que la mayor parte de la intervención arquitectónica de Grassi y Portaceli es reversible, como ya se aseguraba en la documentación elaborada por el Gobierno socialista que impulsó el proyecto, y decían los propios autores del mismo.

En consecuencia, Nácher anunció que se derribará toda la obra cuyo proceso de desmontaje no dañe los vestigios supuestamente romanos sobre los que se construyó y fundamentó su decisión en el último informe elaborado por el arquitecto valenciano Salvador Lara, 'que hizo la tesis doctoral sobre el Teatro Romano en la misma época' en que se efectuó la intervención. 'Es el que mejor conoce el tema', apuntó Nácher. De modo que se retirará todo el mármol de las gradas y se reducirá el gran escenario actual a la mínima expresión, hasta alcanzar la cota de 1,20 metros, sin llegar a la delicada línea de contacto entre la obra nueva y la más antigua. Esta actuación supondrá la destrucción de gran parte del muro exterior.

Nácher explicó que la decisión obedece a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ratificada por el Tribunal Supremo, e insistió en que es la 'única posibilidad de reversión del Teatro Romano'. El Supremo declaró en octubre de 2000 que la intervención de Grassi y Portaceli 'supone una reconstrucción' del Teatro Romano que se hizo sobre unos presupuestos metodológicos 'plenamente defendibles en el plano artístico o académico, pero enfrentados a un criterio normativo (...) de la Ley de Patrimonio Histórico'. La subsecretaria recordó que la decisión responde también al programa electoral del PP de 1995.

En cualquier caso, la nueva intervención anunciada por Nácher se demorará en el tiempo, puesto que aún no hay plazos ni se ha estipulado la forma de acometerla, ni el coste de la misma. De momento, este verano se celebrará en el recinto el festival Sagunt a Escena, afirmó la subsecretaria. No en vano, aún se ha de crear la comisión de expertos (que incluirá a arquitectos, arqueólogos, delileantes, historiadores y otros técnicos) que estudiará la forma en que se han de revertir las obras, sin perjudicar a las ruinas, además de tener que elaborar un proyecto de 'reutilización' del monumento nacional, cuya restauración quedó inacabada por el litigio.

De hecho, Nácher insistió en que el propósito es que 'al mismo tiempo que se hace la compleja reversión, [el Teatro Romano] sea utilizado por el pueblo y los saguntinos'. En este punto se produjo un momento desconcertante debido a que la subsecretaria subrayó reiteradamente que el proyecto de reversión comporta uno de 'reutilización', lo que significará habilitar las gradas para que el público pueda asistir a los espectáculos, tras retirar las anteriores. También se deberán introducir nuevos elementos en el escenario, si éste es derribado, para posibilitar las representaciones. Nácher no aclaró el modo en que se realizará tal actuación, si bien sugirió que hay alternativas. Sea como sea, es una cuestión que tendrá que decidir la citada comisión, repitió.

Nácher declinó dar los nombres de los técnicos que, de momento, ya forman parte de esta nueva comisión que se constituirá casi medio año después de que finalizara el plazo que concedió el TSJ a la Generalitat para la entrega de los informes sobre la manera de ejecutar la sentencia. Una materia, por otra parte, que el PP ya llevaba en su programa electoral de 1995. Desde entonces, el principal sostén de la necesidad de intervenir en el Teatro Romano ha sido el ex diputado del PP y abogado Juan Marco Molines, quien inició el litigio y lo mantuvo hasta el final. Ya retirado de la vida política, Marco Molines ha reclamado protagonismo con sus continuas amenazas de pedir la ejecución de la sentencia y su petición de reunirse con los miembros del Consell para tratar el asunto.

Agenda política

Todo ello supondrá un nuevo retraso, hasta el punto de que los futuros avances en la consecución del anunciado derribo pueden estar marcados por la agenda política, sobre todo teniendo en cuenta que en la primavera de 2003 habrá elecciones autonómicas. La imagen exterior de la piqueta destruyendo en una costosa operación una obra ya consolidada, en un momento en que arrecian las críticas de la oposición por la falta de recursos destinados a la protección del patrimonio, no es un elemento que haya influido en la determinación de la Generalitat, a juicio de Nácher. En este sentido, el estado de abandono del castillo de Sagunto, por ejemplo, contrasta también con la medida adoptada y hace más difícil su asimilación. De hecho, una petición generalizada en Sagunto es la de dar vida al Teatro Romano, infrautilizado todos estos años por el pleito.

La subsecretaria se limitó a responder ante la posible incomprensión de la ciudadanía de una actuación destructiva de esta índole que las sentencias son firmes y que hay que acatarlas, sin entrar en mayores consideraciones. También evitó cualquier estimación sobre el coste final de la futura intervención y se remitió a la comisión. El Gobierno valenciano 'no entra en los valores estéticos' de la obra de Grassi y Portaceli, sino que 'está acatando una sentencia', volvió a repetir.

Nácher insistió en que la decisión adoptada es la 'única posible y viable', fundamentada en el 'respeto de los vestigios de abajo, de la verdad romana'. A este respecto recordó que la sentencia habla en todo momento de volver el Teatro Romano al estado anterior a la intervención de Grassi y Portaceli, por lo tanto, quiso dejar bien claro desde un principio que huelga hablar de las numerosas intervenciones arquitectónicas realizadas en el monumento desde 1930 hasta 1978, y también durante el siglo XIX, que, a juicio de los autores del proyecto, hicieron en gran medida irreconocibles los auténticos vestigios romanos, dejando sobre todo en las gradas una superposición de obras que rompían cualquier atisbo de originalidad romana.

Nácher indicó que el mármol superpuesto a las gradas ha provocado daños en las piedras del interior debido a que no se ha solucionado un problema de filtraciones, de 'escorrentía de las aguas'. Al ser preguntada si con anterioridad no existía ese mismo problema, Nácher respondió que no, y sugirió diversas maneras de arreglarlo, desde habilitar desagües hasta la colocación de tuberías, si bien volvió a remitir todas estas cuestiones a la futura comisión. En todo momento, evitó referirse a la futura actuación como una reconstrucción o una intervención sobre las supuestas ruinas romanas.

'Todo lo que es obra nueva irá fuera', repitó la subsecretaria general. 'Esa solución garantiza que los restos originales no sufrirán daño en la reversión', añadió.

Informes

Según los informes encargados al Instituto Técnico de Materiales, al jefe de servicio de Patrimonio, al jefe de Patrimonio Arquitectónico de la Consejería de Cultura, al director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Juan Miguel Hernández, y al Colegio de Arquitectos de Valencia, que designó a Salvador Lara, Nácher señaló que la reversibilidad es factible en las gradas, dudosa en los puntos de contacto entre las zonas nuevas y las antiguas y no factible en las piezas extraídas en las excavaciones arqueológicas. El muro y los laterales del escenario también se derrumbarán, mientras que el proscenio dependerá de los trabajos y las catas futuras.

El arquitecto Juan Navarro Baldeweg rechazó el encargo de la Generalitat de redactar un informe, mientras que Ignasi Solà-Morales falleció antes de emitirlo, si bien dejó escrito en diversos artículos su apoyo al proyecto de Grassi y Portaceli.

Nácher indicó que el Ministerio de Cultura no ha participado en el proceso de estudio ni ha sido consultado sobre la decisión tomada, a pesar de ser el propietario del monumento nacional, si bien las competencias sobre su gestión fueron transferidas a la Generalitat.