El coste autonómico de la LOU
El Gobierno quiere que Valencia cargue al plan de financiación universitario la contratación docente
La estrategia del Gobierno central de derivar hacia los gobiernos autonómicos todo el coste de la aplicación de la controvertida Ley Orgánica de Universidades (LOU) está generando múltiples distorsiones desde el punto de vista técnico, financiero y político en el Sistema Universitario Público Valenciano (SUP) dada la especificidad del caso. La Comunidad Valenciana ha sido la primera autonomía -emulada el año pasado por Andalucía y en periodo de aprobación en Cataluña- en la que el sistema universitario se rige por un metódico Plan Plurianual de Financiación (PPF) actualizado en 1999 por el propio Gobierno del PP sobre la base de cuatro grandes variables: la inflación anual o el índice del IPC; el número de estudiantes a tiempo completo (ETC); el grado de experimentalidad de las titulaciones y la financiación adicional por objetivos ligados a una docena de variables de calidad.
En este escenario de contradicciones entre los objetivos estatales y el marco valenciano, la aplicación de la LOU -dibujada ya en el borrador elaborado de decreto de retribuciones y contrataciones docentes por la Dirección General de Universidades en sintonía con los criterios de 'movilidad' docente y 'flexibilidad' contractual impuestos en la ley estatal- abre un horizonte de 'incógnitas' que se pusieron de manifesto en la cita entre los rectores y la Administración mantenida el pasado martes en el Consejo Interuniversitario.
El responsable valenciano de Universidades, Salvador Forner, pretende que de acuerdo con el plan previsto por Madrid el coste del 49% de las plantillas docentes e investigadoras que fija la LOU de las cinco universidades públicas valencianas se cargue al PPF. Algo que rechazan en firme los rectorados. Máxime, cuando en la última reunión de equipos económicos de las unversidades el 15 de abril quedó claro que 'la financiación por objetivos de 2001 y algún fleco del año anterior aún no están pagados, y los criterios para financiar el 2202 no están ni fijados'. CC OO y UGT consideran 'inaceptable' que 'se pretenda cargar el coste de las nuevas contrataciones de doctores, visitantes, ayudantes, colaboradores y eméritos que fija la LOU a cargo de la deuda por objetivos'. Es decir, desviar el dinero para los programas de calidad al pago de salarios. En paralelo, los vicerrectores del área del profesorado se reunieron en Benissa para redactar un documento conjunto de cambios al encorsetado perfil de categorías diseñado por la Dirección de Universidades.
El director general de Universidades, Salvador Forner, ha planteado la aplicación de la LOU en términos estrictamente económicos. El título mismo del borrador valenciano Propuesta de decreto sobre régimen y retribuciones del personal docente e investigador contratado y las retribuciones adicionales al profesorado universitario es claro en la finalidad misma. Pero, el contenido, analizado desde una óptica más académica, e incluso social, genera además amplias dudas sobre las intenciones últimas del Ministerio de Educación al diseñar un tipo de perfil docente e investigador 'encorsetado' en opinión de varios juristas y ex vicerrectores, que deja 'poco margen' para el fichaje de personalidades del ámbito de la Administración General del Estado y de los poderes judicial y legislativo con una media de edad de 50 años que hayan trabajado en los últimos 15 años en las diferentes administraciones de Madrid o Bruselas.
Lo mismo ocurre con los contratos estrella con científicos o tecnólogos de primera fila con la 'tipificación' impuesta por la LOU de salarios y complementos retributivos que 'no puede competir con las facilidades que ofrece la ley [ningún requisito] y capacidad económica de la docena de universidades privadas y fundaciones creadas por el PP en sólo seis años'. Esta percepción está siendo analizada en el seno de CC OO y de UGT, así como en distintos ámbitos y vicerrectorados de las universidades valencianas, que cuentan con una cantera importante de economistas, expertos en Derecho y Ciencias Políticas e ingenieros de prestigio. 'El modelo francés por el que el ex presidente Lionel Jospin puede reincorporarse a la Universidad y nutrirla de su experiencia en la Administración del Estado, se perderá', coinciden.
'Profesores de la talla del fallecido Ernest Lluch, que impartía clases en la Universidad del País Vasco y en Cataluña; rectores como el padre de la Constitución Gregorio Peces-Barba en la Carlos III de Madrid; o la cantera de eurodiputados socialistas y ex consejeros autonómicos que en la actualidad no tengan plaza como titulares o catedráticos, no podrían volver a las aulas universitarias valencianas con este decreto', reflexionan también varios directores de instituto y de departamento consultados.
El decreto propuesto por Forner dejaba en manos de la futura Agencia Nacional de Acreditación la última palabra en la solicitud de cada incorporación a cualquiera de las 7 categorías de contratos de la LOU en función de los méritos considerados por el ministerio y no por la propia universidad; 'la duración del contrato y de las prórrogas no podrá ser superior a 4 años' y a los eméritos se les exige '15 años de servicio en la universidad', requisito que no cumple ningún primer espada del actual arco financiero, económico o parlamentario.
En este momento, la posición de CC OO y UGT, según confirman los secretarios generales de enseñanza, Manolo Picó y Gonzalo Castillo, es que 'no habrá acuerdo sobre el decreto con la Dirección de Universidades, si el Consell no llega antes a un acuerdo con las universidades sobre la financiación de las nuevos contratos y retribuciones'.
Los vicerrectores de Profesorado entregaron el martes una 'propuesta conjunta' donde, entre otras cosas, modifican el orden de las competencias atribuidas por la dirección de Universidades en primera instancia a la Agencia de Acreditación nacional o su homóloga autonómica, y vinculan 'el procedimiento [de meritaje y necesidades] a los estatutos de cada universidad'. También modifican el constreñido marco de contratación que 'como norma general, para doctores, colaboradores y ayudantes doctores era a tiempo completo' y ligan 'la dedicación docente' a las necesidades académicas de cada institución. Lo mismo ocurre con la 'evaluación' de la actividad de los contratados cuyo periodo inicial amplían a 'cinco años', con la posibilidad de ser prorrogado previa evaluación interna de la universidad, según lo fijado en sus estatutos.
Todas estas propuestas han sido formalmente aceptadas por Forner el martes en el Consejo Interuniversitario, en el que también adelantó que 'se han incorporado todas la alegaciones presentadas por los sindicatos'. Forner puso de plazo el próximo 7 de mayo, como fecha tope para aceptar nuevos cambios, con la pretensión subrayada por el consejero Manuel Tarancón de que 'todos los decretos y leyes de la LOU se aprueben cuanto antes y estén en vigor el curso que viene'. Sin embargo, las 'profundas divergencias' sobre cómo financiar el sobrecoste de las contrataciones de la LOU auguran una 'negociación difícil'. Francisco Morales, ex vicerrector de la Universidad de Valencia, y uno de los padres del vigente Plan Plurianual de Financiación (PPF) -que vence este año al obligar a adelantar las inversiones al ejercicio de 2002 [para que la Generalitat pueda cumplir con el déficit cero presupuestario dictado por el Gobierno central para 2003]- subraya que 'el PPF nunca se redactó contemplando las actuales retribuciones y complementos' y puntualiza la 'perversión que supone desde el punto de vista de técnica presupuestaria el querer desviar parte de la financiación por objetivos al capítulo I de Personal'.
Pese a que Forner insiste en su gráfico (ver cuadro) que el Consell ha pagado los máximos fijados y que 'está al día con los pagos' los extractos y liquidaciones de las universidades confirman que sólo se han pagado los mínimos y que aún adeuda 24,04 millones de euros (4.000 millones de pesetas) al sistema universitario: un fleco de los objetivos de 2000, y 'todos los objetivos de 2001'.
