El delegado del Gobierno en Melilla afirma que el 90% de los delitos son obra de marroquíes

El delegado del Gobierno en Melilla, Arturo Esteban, delcaró ayer a la agencia Efe que el 90% de los delitos cometidos en la ciudad autónoma son obra de ciudadanos marroquíes. El representante máximo del Ejecutivo sostiene que la única forma de atajar ese problema es controlar mejor el acceso a través de la frontera.

La Delegación del Gobierno, anunció su responsable, está preparando una bateria de medidas para garantizar que quienes entren en Melilla lo hagan 'manteniendo el orden público'.

El delegado reconoce, sin embargo, que 'controlar más' la frontera no es fácil porque dicha ciudad, aún más que Ceuta, vive básicamente del comercio con el país vecino. 'Hay que saber arbitrar el control fronterizo óptimo sin paralizar la vida comercial y pública en Melilla. Hay que conjugar el binomio seguridad-economía', aseguró.

Esteban, que cumple dos años en ese puesto, se vanagloria además de haber aplicado 'con rigor' la Ley de Extranjería en Melilla, lo que a su juicio ha reducido la presión migratoria en la ciudad, donde el número de inmigrantes acogidos ha pasado de los casi 1.500 que había en noviembre hasta los 390 de ahora.

Las expulsiones han provocado también un descenso de las entradas ilegales porque, según el delegado, 'al final, los inmigrantes se han dado cuenta de que de Melilla no se sale' hacia la Península, como ocurría en el pasado.

Ayer mismo, en declaraciones difundidas posteriormente también por la agencia Efe, el delegado del Gobierno trató de evitar que sus palabras provocasen malestar en las autoridades de Marruecos. Los responsables de Rabat, manifestó Esteban, 'entienden y ejecutan sus responsabilidades' en el control de los flujos de migratorios. El delegado agradeció además los 'esfuerzos' del país vecino en la lucha contra la inmigración ilegal y destaco la 'buena voluntad contrastada' de la policía marroquí pese a sus 'medios limitados'.

Mientras, el Gobierno autónomo de Melilla anunció ayer que anulará 1.200 de los 1.500 empadronamientos de marroquíes que se produjeron en la ciudad entre enero y agosto del año 2000 por considerarlos fraudulentos.