Los jueces y fiscales progresistas consideran 'suficiente' la seguridad

Las asociaciones progresistas de jueces y magistrados Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), cuyos secretariados se trasladaron ayer a la capital vizcaína para mostrar su apoyo y solidaridad a este colectivo amenazado por ETA, alabaron el 'tiempo récord' en el que se les ha dotado de seguridad tras el asesinato del magistrado José María Lidón, el 7 de noviembre de 2001.

'El dispositivo de protección es suficiente globalmente', subrayó Miguel Carmona, portavoz del secretariado estatal de JpD, aunque reconoció que hay algunas 'carencias' que presumiblemente se solventarán en la reunión que tienen previsto mantener el 9 de mayo representantes de los jueces y fiscales vascos con los números dos de Interior de los gobiernos central y vasco, Pedro Morenés y Mikel Legarda, respectivamente. La visión ofrecida ayer por estas asociaciones es más optimista que la de la nueva presidenta de la APM en el País Vasco, María Concepción Marco Cacho, quien aseguró que la protección es 'insuficiente' y pronosticó que, de no adoptar medidas para extremar la seguridad de los miembros de la judicatura, la movilidad se potenciará 'de forma llamativa'.

Los secretariados de ambas asociaciones progresistas y minoritarias mantuvieron una reunión con el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, al que trasladaron su visión sobre la justicia en Euskadi. Ambas asociaciones manifestaron que la presión que tienen que soportar los jueces por ser objetivo de la organización terrorista 'no es mayor que la de otros colectivos amenazados' y que, pese a la 'incomodidad personal' que suponen las amenazas, hay en la comunidad autónoma un 'ejercicio normalizado' de la administración de justicia que se presta.

Tanto Jueces para la Democracia como el representante de la UPF, Antonio Morales, remarcaron que el asesinato de Lidón no ha producido una desbandada judicial en el País Vasco y, aun reconociendo la salida de algunos jueces, Carmona dijo que 'no existe una movilidad alarmantemente mayor en el País Vasco' que en otras zonas de España. De hecho, tras el asesinato de Lidón, en el primer traslado, sólo diez de los 273 jueces y fiscales optaron por marcharse. En el anterior concurso, en septiembre, fueron siete. Y desde diciembre de 2000 al mismo mes de 2001, un total de 30 magistrados pidieron plaza en otras comunidades autónomas, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Por su parte, el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga agradeció el tono constructivo de ambas organizaciones. Azkarraga negó que exista una dicotomía de 'jueces en Euskadi y jueces de Euskadi' y volvió a subrayar que los 'jueces que desarrollan su trabajo en nuestro país son jueces vascos'.